El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), cuyos asociados explotan en todo el país miles de hectáreas de cítricos, alerta que, de aplicarse la nueva normativa europea sobre uso sostenible de fitosanitarios sobre los cítricos, tendría un impacto “enorme e inasumible” porque en poco tiempo las plagas se descontrolarían y tales restricciones degenerarían en un abandono de campos “masivo”, especialmente en la Comunidad Valenciana, en la que la práctica totalidad del área citrícola quedaría dentro de estas zonas.

La normativa , planteada como uno de los instrumentos clave para aplicar el Pacto Verde europeo para 2030, que exige reducir en un 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas. Para lograrlo, la propuesta plantea ahora que en todas las zonas llamadas ‘sensibles’ quede prohibido aplicar estos productos.

La presidenta de la patronal que aglutina a los exportadores privados de cítricos, Inmaculada Sanfeliu, ha advertido de las consecuencias de esta medida de la CE, en especial en las áreas referidas como ‘ecológicamente sensibles’ que incluyen las así contempladas en la Directiva Marco del Agua, Red Natura 2000, los parques protegidos e incluso los espacios que en el futuro reserve la nueva regulación en materia de polinizadores, aún pendiente de aprobación.

Como denunció AVA-SAJA recientemente a partir de estimaciones oficiales extraídas por la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), tal descripción afectaría al 30% de la superficie agraria del país, pero –en el caso concreto de los cítricos- su impacto sería mucho mayor porque en esas tierras se asientan gran parte de las plantaciones de mandarinas y naranjas.

De aplicarse así, la merma en la producción en estas áreas -que dejarían de poder ser tratadas con fitosanitarios- sería extremadamente grave en el caso de la Comunidad Valenciana y muy considerable en otras zonas productoras como Andalucía (Almería y Huelva), Murcia y la zona próxima a la desembocadura del Ebro en Tarragona.

RECLAMAN QUE ANTES SE TIENE QUE GARANTIZAR AL SECTOR QUE LAS ALTERNATIVAS BIOLÓGICAS A LOS INSECTICIDAS, HERBICIDAS O FUNGICIDAS CONVENCIONALES

El CGC no se opone a seguir dando pasos en favor de una producción citrícola cada vez más sostenible. De hecho, sus empresas han venido cumpliendo la actual directiva y hoy ya aplican los principios de la gestión integrada de plagas (que deja como último recurso la aplicación de productos de síntesis y prioriza los biológicos). En materia de producción y comercialización de mandarinas y naranjas, se han producido también grandes avances en los programas de ‘residuo cero’ (sin restos de plaguicidas).

Sin embargo, para seguir avanzando en esta dirección de restricción de fitosanitarios sobre los cítricos, el CGC reclama que antes se tiene que garantizar al sector que las alternativas biológicas a los insecticidas, herbicidas o fungicidas convencionales, sean eficaces y que los procesos para disponer de estas herramientas se agilicen. “La retirada del Clorpirifos y Metil-Clorpirifos ha servido para evidenciar que la estrategia de lucha biológica aún tiene serias limitaciones. Hoy seguimos sufriendo pérdidas millonarias por plagas nuevas –como el ‘Cotonet de Sudáfrica’- o por otras que hasta ahora manteníamos a raya –como la araña roja-. Y mientras tanto, las importaciones europeas de naranjas y mandarinas desde países terceros siguen presentando de forma masiva residuos –en casos como el de Turquía- de este pesticida”, denuncia Sanfeliu.

De ahí que el CGC –en consonancia con lo manifestado por la totalidad del sector hortofrutícola español- reitere que los cambios en esta materia deben de simultanearse con medidas que garanticen el cumplimiento del principio de reciprocidad, esto es, que la producción europea pueda concurrir al mercado comunitario y competir con las mismas condiciones de fitosanitarios sobre los cítricos que la importada desde países terceros. Cuestión que, más allá de aumentar los controles para tales frutas foráneas, pasaría por incorporar las llamadas ‘cláusulas espejo’ (como garantía para cumplir tal principio) a todos los acuerdos comerciales suscritos por la UE, como reclama el Gobierno de España.

De no ser así, se cumplirán los augurios ya manifestados por los sucesivos estudios realizados para evaluar el impacto de la estrategia verde ‘De la granja a la mesa’. En todos los casos –tanto en el publicado por el departamento agrario de EEUU (USDA), el del Joint Research Centre de la UE u otros privados como el del HFFA Research, la Universidad de Kiel o la Universidad de Investigación de Wageningen- se concluye que su aplicación supondría caídas drásticas de la producción agroganadera de entre el 5 y el 15% -que en el caso de los cítricos españoles sería muy superior-; agravaría el déficit comercial de la UE en alimentos –más aún en frutas y hortalizas-; impactaría fuertemente sobre los precios –que subirían- y sobre las rentas de los productores –que caerían-… Y el objeto global perseguido –reducir la emisión de gases de efecto invernadero del sector primario- se vería rápidamente compensado por el aumento de los mismos en el resto del mundo.

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