El Consejo Económico y Social de España (CES) advierte de que la imagen desvirtuada del medio rural en la agenda pública va en contra de los objetivos que buscan las políticas para su desarrollo, pues “nadie se quiere quedar en un lugar del que parece que todo el mundo se quiere ir”. En este sentido, lamenta que continúe proyectándose ante la opinión pública como el lugar de la despoblación, lo que dificulta el reto demográfico para estos territorios; tal y como consta en el informe “Un medio rural vivo y sostenible”, presentado este lunes 27 en un acto clausurado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En concreto, el Consejo insta a configurar el territorio rural como un lugar para vivir, no únicamente para visitar y disfrutar, alertando de que si su imagen sigue asociándose solo a la de los problemas diagnosticados -despoblación, paro, desconexión digital, etc.- sin ajustarse a la realidad, puede generar una presión para la elaboración de políticas y actuaciones sin la suficiente reflexión sobre los problemas de fondo.

La jornada ha sido inaugurada por el Presidente del Consejo, Antón Costas. Y también ha contado con las intervenciones del Presidente de la Comisión de Trabajo de Agricultura y Pesca encargada de la elaboración del Informe, Domiciano Pastor, y de la Directora General de Políticas contra la Despoblación, Juana López, quien ha abordado las principales medidas del reto demográfico.

Este órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral afirma que el medio rural es un lugar donde ‘vivir bien’ y desarrollar actividades empresariales, profesionales y sociales, asentando los proyectos vitales de las personas de una manera real y a largo plazo.

Para ello, destaca la industria agroalimentaria, importante motor de creación de empleo y, en consecuencia, factor fundamental para fijar población.

Y en este marco, propone aprovechar la oportunidad única que suponen los 7.000 millones de euros asignados en los fondos europeos (casi el 10% del total) para lograr una recuperación más resiliente e inclusiva tras la pandemia, que ha puesto de relieve el atractivo del medio rural y su valor para la reconstrucción hasta el punto de que las ayudas comunitarias lo han impulsado como una clave transversal de cara a la recuperación social y económica y a la transición ecológica.

Este papel está basado en la consideración clásica del medio rural como garante, entre otras, de la preservación del patrimonio ambiental y cultural, así como del buen funcionamiento de la cadena alimentaria. También ahora en su potencial de acogida de actividades y servicios innovadores para una nueva población que busca entornos más seguros y con mayor calidad ambiental a raíz de la crisis sanitaria.

Según el Informe, junto a la pandemia, el rumbo que el Pacto Verde define para Europa y la nueva Agenda Rural han hecho aún más evidente el potencial del medio rural, lo que señala la conveniencia de dirigir una mirada específica a los retos y necesidades que afronta, y a las oportunidades más visibles en el largo plazo y menos a la imagen desvirtuada del medio rural que se tiene ahora.

DÉCIFIT EN INFRESTRUCTURAS

Como consecuencia de la pandemia, el Informe señala que los residentes en el medio rural sufrieron más problemas de acceso a servicios de proximidad de carácter básico, como comercio de alimentación, farmacias, servicios bancarios o postales, así como en servicios públicos esenciales, entre ellos los educativos y los socio sanitarios, incluyendo la atención a la dependencia, poniéndose con todo ello de relieve los déficits de los poderes públicos para atender estas necesidades vitales.

El Consejo señala que esto evidencia cómo los riesgos que una excesiva digitalización de este tipo de servicios tienen por su propia naturaleza, unido a las deficiencias existentes en su provisión en el medio rural, pueden aumentar las desigualdades preexistentes desde el punto de vista del territorio, tanto en lo que respecta al acceso como a la calidad de la provisión de los mismos. En particular, pueden incrementar los riesgos de una mayor inequidad y/o exclusión de las personas mayores y de quienes cuentan con menor capital educativo y formativo, asociado además a menor nivel de renta, con el consiguiente deterioro de la cohesión social.

En el ámbito del transporte, el CES apunta que la digitalización abre nuevas posibilidades de gestión más flexible y funcional que podrían utilizarse, con las debidas garantías, para mejorar la movilidad y acceder mejor a servicios sanitarios, culturales, educativos…

El Informe, en suma, trata más en detalle tres grandes tipos de servicios públicos esenciales: sanidad, educación y dependencia. Pero también esboza las políticas más recientes que tratan de mejorar su situación en el medio rural, con el doble objetivo de mejorar la calidad de vida de la población rural y de reforzar su posición como palancas para la revitalización demográfica en el contexto de la reconstrucción social y económica.

FOMENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y EL EMPLEO

El CES además recuerda que resulta esencial que, una vez superada la pandemia, la reconstrucción social y económica no sólo no deje atrás a las zonas rurales, sino que se haga una apuesta decidida por revitalizarlas y aprovechar su potencial y diversidad para construir un modelo económico más justo, más pegado al territorio y más resiliente. A este respecto el informe incluye una amplia batería de propuestas dirigidas a que los territorios rurales se conviertan en un espacio de oportunidades que atraiga nuevas actividades y genere actividad económica, diversificando y modernizando sus economías, de modo que permita también la consecución un modelo de empleo cualificado y estable. Y ara eso se debe acabar con la imagen desvirtuada del medio rural .

En cuanto al ámbito agrícola, el Informe valora el avance de la PAC hacia una nueva política agraria con un enfoque más basado en resultados y más relacionada con las demás políticas estructurales europeas, que obliga a redefinir los objetivos y los instrumentos para su eficaz aplicación. Y añade que la PAC aportará cerca de 48.000 millones de euros a partir de 2023 al campo español.

En paralelo, se trata la acción del resto de los Fondos Estructurales y de Inversión europeos, llamados fondos EIE, y se recoge una reflexión general en torno a las grandes políticas de largo plazo, concretadas en la Agenda Rural y la Visión Rural que ha lanzado la Comisión Europea.