Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos critica la resistencia del Gobierno a cumplir con algunos de los mandatos de las Cortes para poner en marcha medidas de interés para los agricultores y ganaderos que están recogidas en las leyes. La organización ha anunciado que emprenden acciones legales contra la inactividad del MAPA o el MITECO en estos casos, alguno de los cuales, como en el contrato de doble tarifa eléctrica para el regadío, ya cuenta con sentencia contraria a la Administración.

Unión de Uniones, entre otros asuntos, acaba de requerir, tanto al Ministerio de Agricultura como al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que cumplan la Disposición novena de la Ley 30/2022 que obligaba al Gobierno a haber presentado antes del pasado 3 de octubre un proyecto de Ley de Gestión de la fauna silvestre para prevenir y compensar los perjuicios provocados a la agricultura y la ganadería.

La disposición compromete también al Gobierno a poner en marcha un inventario de daños y a prever en los presupuestos anuales las dotaciones necesarias para controlar las sobrepoblaciones de fauna silvestre en las zonas bajo la tutela de la Administración del Estado. «Este es el primer paso y si no obtenemos respuesta acudiremos a los Tribunales», advierten desde la organización.

Por otra parte, desde la organización agraria también emprenden acciones legales en forma de un contencioso administrativo contra el Ministerio de Agricultura por no desarrollar la Ley de Representatividad Agraria e impedir la consulta electoral estatal que daría el voto a los agricultores y ganaderos a elegir a sus representantes, algo vital en democracia y que no se está cumpliendo por dejadez del Ministerio.

«Nos dicen que es complejo. Bueno, la complejidad empieza a combatirse con la voluntad y a este ministro se le ve el plumero», comentan desde Unión de Uniones mientras destacan que la misma excusa ha salido de la boca de Planas cuando se le preguntara por la publicación de los criterios que deben servir para la determinación de los costes de producción de los productos agrarios y alimentarios de la ley de la Cadena Alimentaria, fundamental para que los agricultores y ganaderos cuenten con referencias para calcular sus costes y negociar sus precios.

EL CONTRATO ELÉCTRICO DE DOBLE TARIFA PARA REGADÍO Y LA ZONIFICACIÓN AGROAMBIENTAL DE PROTECCIÓN DE SUELOS DE INTERÉS AGRARIO, AÚN PENDIENTES

Unión de Uniones le ganó al MITECO el recurso por no haber desarrollado el contrato eléctrico de doble tarifa para regadío, tal y como disponía la Ley 11/2020. En este contexto, la organización afirma que si no cumplen en el plazo que les ha dado el Supremo, solicitará acciones legales para la ejecución de sentencia y los responsables del incumplimiento que se atengan a lo que dicte el Tribunal.

Este tema no es el único que se le ha atragantado al MITECO. En la Ley 30/2022 se contemplaba también la obligación del Gobierno de poner en marcha una zonificación agroambiental para proteger los suelos de especial interés agrario de la competencia de las macroinstalaciones energéticas, antes del 3 de abril de 2023 y en octubre sigue sin hacerse.

Igualmente, en la misma ley el MAPA quedaba comprometido a incluir en el Plan Estratégico de la PAC (Pepac) el dinero necesario para compensar los costes adicionales que representa para las explotaciones agrarias la puesta en marcha del Cuaderno Digital y el resto de nuevos compromisos de la Reforma, un montante de unos 1.050 millones de euros que deberían distribuirse al sector en forma de ayudas complementarias a las actuales de la PAC y de lo que aún no se tienen noticias.

«No nos vamos a resignar a que el Ministro o Ministra de turno decida simplemente qué leyes cumple y cuáles no en función de su capricho o sus intereses políticos o ideológicos», denuncian, recordando que todas ellas mejorarían la situación de los agricultores y ganaderos. «Si están son para cumplirlas», concluyen recordando que muchas de ellas han sido gracias a enmiendas presentadas o impulsadas desde la organización.