Los productores agrícolas y ganaderos de la Unión Europea, representados en la organización Copa-Cogeca, celebraron este sábado la rebaja de algunas exigencias verdes y medioambientales de la PAC propuesta la víspera por la Comisión Europea para intentar aplacar las protestas del campo.
En un comunicado, la Copa-Cogeca aplaudió al Ejecutivo comunitario por «proponer simplificaciones que salvaguardan las transiciones agrícolas» y agradeció que Bruselas haya dado el paso «rápidamente» para «hacer más eficaz la aplicación de la PAC».
Según los productores agrarios, las reformas propuestas por la Comisión Europea «no perjudican» ni «ponen en cuestión» la transición ecológica en el campo, una posición que, sin embargo, no ha tenido tan buena aceptación en España, al considerarla como «positiva pero insuficiente».
En concreto, Bruselas pone encima de la mesa cambios en algunas de las prácticas medioambientales necesarias para recibir subsidios de la PAC y exime a las pequeñas explotaciones, de menos de diez hectáreas, de controles y de sanciones relacionadas con los requisitos de condicionalidad.
Esto pretende aliviar la carga administrativa y económica de las pequeñas explotaciones, que son el 65% de los beneficiarios de la PAC.
También plantea eliminar la obligación de los agricultores que reciben subvenciones de la PAC de no cultivar una parte de sus tierras, que deben dejar en barbecho para preservar el potencial del suelo, y propone en su lugar a un «plan de incentivos».
Además, Bruselas planteó dar más flexibilidad a los países de la UE para que puedan modificar sus planes estratégicos de la PAC.
«La Comisión Europea ha establecido claramente el objetivo, que todos deberían apoyar, de revisar los elementos demasiado rígidos, complejos y excesivamente administrativos (de la PAC)», defendió la organización Copa-Cogeca en el comunicado de este sábado.
Con las propuestas de la Comisión Europea ya reveladas, los productores agrarios reclamaron al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE, que representa a los gobiernos nacionales, que apoyen los cambios en las exigencias verdes planteados por Bruselas con el objetivo de que entren en vigor en 2025.
El aval del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE es imprescindible para poder sacar adelante cualquier iniciativa legislativa o cambio normativo procedente de la Comisión.