El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha calificado como “otro disparate más” en la nueva reforma de la PAC, el hecho de obligar al agricultor a depositar sobre el suelo una cantidad de restos de poda que ocupe una superficie mínima en cada calle del 40% de la anchura libre de la proyección de copa, ya que obligará a gastar más combustible de las maquinarias para repartir estos restos de poda.

Esto se desprende de uno de los eco-regímenes de la nueva PAC para las cubiertas inertes, es decir en el uso de los restos de poda triturados sobre el suelo en los cultivos leñosos. Y es que la nueva norma señala que se deben depositar sobre el suelo una cantidad de restos de poda que ocupe una superficie mínima, en cada calle del 40% de la anchura libre de la proyección de copa, y que sea suficiente para permitir alcanzar los teóricos beneficios medioambientales de la práctica, no pudiendo ser esa anchura inferior a 0,5 metros.

Ante ello, Asaja Córdoba explica que llevar a la práctica que los restos de la poda ocupen el 40% de la anchura libre de la proyección de copa “no es algo que pueda ajustarse en cada parcela”, teniendo en cuenta, además, que las picadoras-trituradoras de restos de poda tienen una anchura de trabajo definidas por los fabricantes que no se adapta a esa proporción que se exige y “no se puede decidir libremente la anchura con la que quedan esparcidos los restos en el suelo”.

Por tanto, para adaptarse a este eco-régimen, el agricultor tendría que usar más maquinarias para esparcir aún más los restos de poda y, de este modo, más combustible chocando así con los beneficios medioambientales que persigue la norma a pesar de que la práctica “ya alcanza los beneficios de reducción de gases de efecto invernadero y aumento del carbono orgánico del suelo”.

Para Fernández de Mesa, se trata, sin duda, “de una obligación absurda implantada por el Ministerio de Agricultura con total desconocimiento y sin tener en cuenta que no todos los olivares son iguales en el territorio español”, por lo que esta medida supone, sin más, “otro nuevo disparate de la PAC que ha querido imponer el ministro Luis Planas”.