La decisión adoptada por el Tribunal Supremo de no admitir el recurso contra la sentencia del TSJ anulando el decreto sobre condiciones ambientales mínimas para explotaciones ganaderas va a repreentar un duro golpe para la superviviencia de estas explotaciones ganaderas familiares, según han denunciado UPA CyL y la COAG de la región.

Para la UPA, que lamenta el fallo judicial, el consenso entre Gobierno regional y Opas era total para que las explotaciones familiares estuviesen sujetas a una actuación absolutamente legal  y práctica como es la mera comunicación para cumplir los requisitos ambientales, y no fuera necesaria la autorización previa que requieren las explotaciones de mayor tamaño, porque ello genera más burocracia e impedimentos para implantar un modelo agrario de tipo  familiar.

lamentan el papel de algunos «grupos de presión que respaldan campañas de desprestigio contra la actividad ganadera»

Por ello, la organización lamenta que «una vez más se mire para otro lado, se pongan trabas legales y se dé la razón a determinados grupos de presión que vuelven a cargar contra todo lo que significa la agricultura y ganadería de tipo familiar, que es mayoritaria en nuestra comunidad autónoma».

En este sentido, denuncian a quienes con sus actuaciones siguen respaldando campañas de desprestigio contra la actividad ganadera, responsable y fundamental en el asentamiento de población en el medio rural, a la que irresponsablemente se le achacan todos los males medioambientales.

UPA exige sentido común y responsabilidad que debe traducirse en permitir la aplicación de unas normas más flexibles para la actividad agraria, que es cumplidora a rajatabla de los máximos estándares de protección, calidad, garantía y respeto medioambiental

UPA reclama también a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León que actúen con toda contundencia legal y argumental para que el sector profesional agrario no siga recibiendo varapalos judiciales, puesto que es el que sufre en primera persona las actuaciones de quienes quieren poner fin a la actividad ganadera en nuestra región.

“Sin agricultores y sin ganaderos no existirá ni el pueblo ni el campo tal como lo conocemos. Solo habrá abandono, maleza, fauna incontrolada y la alimentación de la población dependerá, en algunos casos, de terceros países sin las normas de calidad y garantía alimentaria que tenemos aquí”,  denuncia Aurelio González, secretario general de UPA Castilla y león.

las repercusiones más negativas no recaerán sobre las macrogranjas, como dice Ecologistas en Acción, sino en explotaciones ganaderas familiares

Por su parte, una vez conocido que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente contra la Sentencia 576/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anuló el artículo 6 del Decreto 4/2018, COAG insiste en que, como ya advirtió en su día, las repercusiones más negativas no recaerán sobre las macrogranjas, sino que al contrario de la valoración realizada por los promotores del recurso, Ecologistas en Acción, las más perjudicadas serán las explotaciones de tipo familiar.

Para la organización, la decisión del Tribunal Supremo convierte en firme la sentencia del TSJ, provocando consecuencias negativas porque no va a aportar mayores garantías medioambientales pero sí va a complicar la tramitación, aumentar las cargas administrativas y alargar los plazos para la puesta en marcha de nuevas instalaciones o modificaciones de las existentes. En vez de facilitar, que era el espíritu de la norma, la confirmación de la sentencia dificultar el asentamiento de proyectos, la mayoría impulsados por profesionales y por jóvenes en las explotaciones ganaderas familiares, con las consiguientes consecuencias sobre el empleo y la población en las zonas rurales.

Por otra parte, se crea un enorme problema para las explotaciones que se acogieron al Decreto 4/2018 y que en base a este en vez de someterse a licencia ambiental se limitaron a presentar comunicación al ayuntamiento. COAG recomienda a los afectados que se informen en sus respectivos ayuntamientos del procedimiento a seguir para obtener la legalización de sus instalaciones.

Por último, hemos de aclarar que, contrariamente a lo que se informa desde Ecologistas en Acción, ni la sentencia 576/2019 ni la actual decisión del TS tienen absolutamente ninguna afectación práctica sobre la macrovaquería de Noviercas, ya que este proyecto siempre ha estado fuera del ámbito de aplicación del art. 6 del Decreto 4/2018 y precisa de evaluación de impacto ambiental.