El 3 de marzo ha sido el último día para que los jóvenes agricultores presenten su solicitud de incorporación a la actividad agraria. Sin embargo, la Consejería de Agricultura sigue sin emitir una sola resolución definitiva, ni para los que están supuestamente admitidos ni para los expulsados. La Unión de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha denuncia que «la incertidumbre es total, y el sector agrario vuelve a pagar el precio de la incompetencia política» y no duda en señalar que todo esto es un «fracaso de la gestión agraria».

Recuerdan que el consejero de Agricultura, Martínez Lizán, «ha repetido hasta la saciedad que los expulsados deben volver a presentar una nueva solicitud antes del 3 de marzo. Pero, ¿cómo se puede pedir esto cuando ni siquiera han recibido una resolución oficial definitiva? Obligar a los solicitantes a empezar de cero sin explicación alguna es una tomadura de pelo que demuestra una absoluta falta de respeto por el sector», lamentan desde la organización.

SILENCIOS CÓMPLICES Y NEGOCIO ENCUBIERTO JUNTO A UNA HIPOCRESÍA POLÍTICA Y UNA GESTIÓN DESASTROSA

Para la Unión, «mientras cientos de jóvenes ven truncado su futuro, algunos actores de esta crisis miran hacia otro lado. Destaca el papel de ciertas organizaciones profesionales agrarias, más preocupadas por cobrar los 1.000 euros de la incorporación y otros 1.000 euros por el plan de mejora que por defender los intereses de sus socios. Se estima que, de las 1.300 solicitudes presentadas, la organización agraria que la Consejería considera «más representativa» ha gestionado entre 800 y 900. Si multiplicamos esa cifra por las tarifas cobradas, hablamos de entre 1.600.000 y 1.800.000 euros. ¿Explica esto su vergonzoso silencio?», se pregunta en una nota de prensa.

Lejos de plantar cara a la Consejería, exigir explicaciones y ser la primera en salir a la calle para defender los intereses del campo, «esa organización ha hecho justo lo contrario: defender al consejero y aplacar el descontento, repitiendo el mismo discurso que el consejero: «Volved a pedirlo». Con aliados así, el campo no necesita enemigos».

Asimismo, aseguran que «el colmo del cinismo lo protagonizó el propio Martínez Lizán cuando, ante el comisario europeo de Agricultura de la UE, defendió la necesidad de fomentar el relevo generacional. Un discurso vacío cuando, en la práctica, su Consejería ha dejado fuera al 60% de los solicitantes».

Para la Unión C-LM, Martínez Lizán «ha demostrado ser un consejero inútil, inepto e incompetente, incapaz de gestionar con eficacia una política agraria que requiere urgencia y visión de futuro. Su deficiente gestión de la incorporación de jóvenes al sector agrario evidencia una falta de planificación y compromiso que, en cualquier otra administración responsable, ya habría supuesto su destitución. Si el presidente Emiliano García-Page no lo cesa de inmediato, estará validando una política agraria que prioriza desviar los fondos de los jóvenes agricultores hacia GEACAM, en lugar de apoyar a los agricultores, poniendo en peligro el relevo generacional y la sostenibilidad del sector».

Los afectados han visto cómo su proyecto de vida se retrasa, como mínimo, un año más. En total, serán dos años perdidos, y ni siquiera pueden tener la certeza de que en 2026 la situación cambiará y será aprobada su solicitud, dado que el presupuesto actual solo da para 833 solicitudes. Mientras tanto, recuerdan que el número de explotaciones agrícolas se ha reducido un 12,4% entre 2020 y 2023, evidenciando la urgencia de una renovación generacional en el campo. «La falta de apoyo a los jóvenes agricultores solo favorece la concentración de tierras en manos de grandes grupos de inversión, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria del país».

¿FALTA DE DINERO O DESVÍO DE FONDOS?

Ante este panorama, y en una dura nota de prensa, la Unión se pregunta ¿»por qué están tardando tanto en emitir las resoluciones? Una posible explicación es que, a pesar de haber expulsado a 700 solicitantes, la Consejería no tendrá fondos suficientes para cubrir los Planes de Mejora. Esta falta de presupuesto no es casual: el Gobierno regional lleva años desviando fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) para financiar la empresa pública GEACAM. En el anterior PDR, se destinaron más de 500 millones de euros a esta empresa, y en el actual, se están desviando 100 millones de euros anuales».

Ante esta situación, Unión de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha enviará un informe al Comisario Europeo de Agricultura y a la Fiscalía Europea «para destapar la farsa. Mientras el Gobierno regional y su consejero hacen promesas vacías en Bruselas, en la realidad están destruyendo los cimientos del presente y del futuro del sector agrario. La hipocresía ha quedado al descubierto, y la paciencia del campo tiene un límite».

Dicho todo lo anterior, la Unión de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha considera que la agricultura de la región necesita «un gestor eficiente, no a un humano más preocupado por asistir a congresos, ferias e inauguraciones que por resolver los problemas reales del sector. Sus constantes errores no solo comprometen el presente, sino que ponen en grave riesgo el futuro de la agricultura y la ganadería en la región».