El Gobierno y todas las organizaciones agrarias han condenado sin paliativos el bloqueo de un paso fronterizo con España en Francia llevado a cabo por cientos de viticultores galos este jueves, ya que «atenta contra la libre circulación de mercancías» en la Unión Europea (UE), a la vez que califian estos ataques como actos vandálicos.

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han señalado a Efeagro que «el Gobierno condena estos actos, que atentan contra la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión Europea y que perjudican los intereses de los afectados».

Han destacado que están en contacto con las autoridades francesas con el objetivo de que se restablezca la normalidad y no se reproduzcan estos incidentes.

EL SECTOR RECLAMA SANCIONES SEVERAS A FRANCIA, LAMENTA QUE LA POLICÍA GALA NO INTERVINIESE Y PIDEN A LA CE QUE ACTÚE

Por su parte, las organizaciones agrarias ASAJACOAG y UPA han exigido que las autoridades adopten medidas contra el ataque en Francia a sus productos, después de que viticultores galos bloqueasen este jueves un paso fronterizo con España y protagonizaran actos vandálicos contra el vino a granel que llega de España y que en la mayor parte de los casos se embotella en Francia para su comercialización.

El presidente de Asaja en La Rioja, Eduardo Pérez, ha rechazado, en declaraciones a Efeagro, que «la policía francesa no tomase medidas» para evitarlo y ha exigido a las autoridades que «tomen cartas en el asunto».

Ha considerado que ese tipo de actos vandálicos «son prácticas habituales con diferentes productos alimentarios» y esta vez se ha dirigido contra las compras de vino español en Francia.

«Todos los años se hacen compras de vino pero, si el precio del vino a granel está por encima del coste como marca la Ley de la Cadena Alimentaria, no hay ningún problema. Los problemas de existencias también los tenemos en España, pero eso no tiene nada que ver con las compras de vino entre países de la Unión Europea (UE)», ha afirmado Pérez.

La organización COAG ha exigido «sanciones severas a Francia» ante los «intolerables y reiterados» ataques a las producciones agrarias españolas, y ha criticado que la «complicidad del Gobierno francés con los actos vandálicos atenta contra la libre circulación de mercancías que recogen los tratados de la UE».

«En el trasfondo hay una estrategia meramente comercial. Se busca apartar a los productores españoles del mercado comunitario cuando las verdaderas responsables son las grandes cadenas de distribución, principalmente francesas, que abusan de su posición de dominio en el mercado para imponer precios por debajo de costes en el campo», ha subrayado el secretario general de COAG, Miguel Padilla.

La organización ha reclamado a la UE que garantice «de forma efectiva y contundente» la libre circulación de frutas y hortalizas españolas en territorio francés, y ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que transmita una queja formal ante el Gobierno francés por «su desidia ante los recurrentes ataques».

La vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, ha coincidido en un vídeo en rechazar «los intolerables ataques en la frontera contra productos españoles ante la total pasividad de las fuerzas de seguridad francesas».

«Pedimos a la Comisión Europea que tome cartas en el asunto; al Gobierno español, que contacte con el francés y que estas acciones no se vuelvan a producir porque esto no es una protesta, sino un ataque contra los productos españoles que creemos que merece una respuesta adecuada», ha añadido Cortiñas.

UPA ha destacado que se trata un ataque «injusto» a las producciones españolas por parte de agricultores franceses que merece una «condena urgente por parte de los Gobiernos de España y Francia».

Asimismo, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha pedido este jueves a las autoridades que “lleven a cabo las actuaciones necesarias” para que los causantes de los ataques a los camiones españoles que han tenido lugar en la frontera francesa “dejen de actuar con total impunidad”.

“Deben responder ante la ley y pagar por los actos que están cometiendo”, ha reclamado la CETM en un comunicado.
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