Los representantes legales de dos entidades castellano-leonesas dedicadas al acondicionamiento de grano para siembra han sido condenados como autores de un delito contra la propiedad industrial y falsedad en documento mercantil, en dos nuevas sentencias impulsadas por la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE).

La dos nuevas sentencias, que se suman a una larga lista de condenas por este delito en el sector, consideran probado que se comercializaron partidas de grano acondicionado para siembra de variedades vegetales protegidas, camuflando tales operaciones de compraventa como si de prestaciones de servicios de acondicionamiento de grano se tratara, para lo cual, además, se falsearon las documentaciones mercantiles relativas a tales servicios.

Las dos sentencias, que son firmes, por lo que no cabe recurso alguno contra ellas, condenan a los representantes legales de dichas entidades, a penas de prisión, pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados, e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por los delitos contra la propiedad industrial y falsedad en documento mercantil, tipificados respectivamente en el artículo 274.4 y 392. 1 del Código Penal.

La producción y comercio de semillas y plantas es una actividad regulada y sujeta a autorización y control administrativo, que debe situarse dentro de un Sistema de Certificación reconocido. Por ello, el comercio fuera del sistema de certificación se considera ilegal. Aquellos agricultores que quieran abastecerse de semillas, disponen de dos vías legales para poder hacerlo: a) Semilla certificada adquirida en el mercado y b) Reempleo de granos para siembra producidos por sí mismos.

Por lo que respecta a las variedades protegidas, el agricultor compensa así a las empresas obtentoras a través de los correspondientes royalties, lo que hace posible que estas puedan seguir trabajando en la obtención de nuevas variedades.

Desde Geslive se apunta que “la reproducción o la compraventa de semillas y plantas ilegales es una amenaza para la investigación y compromete el futuro de la agricultura”. El fraude tiene graves consecuencias no solo para los obtentores de nuevas variedades vegetales, a los que se están causando pérdidas multimillonarias cada año, sino también para todo el sector, pues se lesiona la imagen de nuestra agricultura en los mercados exteriores y supone una competencia desleal para la mayor parte de los productores que se esfuerzan responsablemente por respetar la ley.