Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas, integrantes de una red criminal presuntamente dedicada al fraude de subvenciones agrícolas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea por valor de unos tres millones de euros en Córdoba, Sevilla, Écija y Jerez de la Frontera.

La Policía ha informado de que los arrestados crearon un complejo entramado delictivo, en el que participaban varias empresas, que se lucraba a través de la venta de derechos. Ofrecían a los solicitantes de estos subsidios comunitarios la opción de arrendar parcelas para que pudieran reunir las hectáreas necesarias con las que justificar la obtención de estos fondos europeos.

A continuación, a través de un entramado societario, celebraban contratos falsos de cesión del uso de parcelas a terceros y se garantizaban el dinero. Así es como esta red, dedicada al fraude de subvenciones agrícolas de la Unión Europea, logró embolsarse, presuntamente, una cifra estimada en unos tres millones de euros. Sus 23 integrantes han sido detenidos por la Policía Nacional.

Las pesquisas se iniciaron el pasado año como consecuencia de la denuncia remitida por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y a partir de entonces se desarrolló una investigación que ha aflorado la existencia de una estructura criminal que operaba en distintas provincias de Andalucía.

Con este propósito, los miembros de esta estructura criminal habrían creado un entramado societario a través del cual celebraban contratos falsos de cesión del uso de parcelas de terceros, mientras que los legítimos propietarios de estos terrenos desconocían su utilización fraudulenta para la obtención de subvenciones europeas. Los legítimos propietarios de los terrenos cuyas hectáreas eran cedidas fraudulentamente desconocían estas operaciones, según han indicado fuentes de la investigación

Posteriormente, los agentes detuvieron a 23 personas en Córdoba, Sevilla, Écija y Jerez de la Frontera a los que se les imputa la presunta comisión de varios delitos de fraude de subvenciones y de falsedad documental, habiendo ocasionado pérdidas estimadas de unos tres millones de euros para los presupuestos europeos.