La Alianza UPA-COAG ha denunciado el contrasentido actual que sufren los ciudadanos del medio rural, al verse obligados a seguir las directrices de la Ley 39/2015, que tiene por objeto regular las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos implantando una Administración completamente electrónica e interconectada, y sin embargo a día de hoy sean muchos los pueblos con ausencia de banda ancha y de internet adaptado a los tiempos actuales.

«Resulta inconcebible que la normativa actual exija a empresas e incluso particulares, en algunos casos, a remitir todo tipo de informaciones, solicitudes y actos entre cualquier administración pública y la empresa o sujeto obligado, a través de internet y medios electrónicos, y sin embargo la propia Administración en el medio rural no ponga los medios necesarios para que esa gestión se pueda realizar sin problemas técnicos», ha criticado la organización.

ha pedido sentido común y responsabilidad a las administraciones para que se invierta con celeridad en el medio rural

La Alianza ha calificado de tomadura de pelo que «con los deplorables medios tecnológicos que existen en muchos pueblos de la región, las Administraciones Públicas pueden exigir un procedimiento exclusivamente electrónico a los titulares que desempeñan su actividad profesional en el medio rural».

Igualmente ha añadido que el objetivo de la regulación, lejos de ser ágil, transparente y con menor carga burocrática para los autónomos y trabajadores del campo, genera más problemas a los ciudadanos del medio rural al no disponer de una buena conexión lo que ralentiza más los trámites.

La Alianza ha pedido sentido común y responsabilidad a las administraciones para que se invierta con celeridad en el medio rural y sea posible, «desde ya mismo, realizar una teletramitación con registro electrónico a través de banda ancha sin que, como ocurre actualmente, ésta sea muy deficitaria en algunos casos o, simplemente utópica, en otros»