La Unión de Extremadura ha denunciado que la región ha dejado sin ejecutar más de 9 millones de euros del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (Pasve) durante el 2023, lo que achaca a la «dejadez y rigidez» de los mecanismos establecido por las administraciones, mientras que paralelamente se niegan ayudas al sector.

La organización agraria ha lamentado este martes 9 que Extremadura ha ejecutado en esta campaña un total de 9.166.954 euros del programa, un 56,53 por ciento respecto a 2022, lo que «no se entiende» en un año de «crisis profunda y prolongada donde la sequía y los bajos precios han producido una pérdida importante de ingresos en las economías de los productores» de la región.

Concretamente, ha detallado una inversión de 249.000 euros en promoción, seis millones en reestructuración y reconversión del viñedo, 102.000 en cosecha en verde, 1,20 millones en inversiones y 1,34 millones en destilación.

Por ello, el secretario general técnico de la organización, Luis Cortés, ha exigido a la consejería de Agricultura que modifique las normas y medidas en el sector del vino para poder invertir todo el presupuesto disponible y no tener que devolver los fondos a la Unión Europa «mientras se arruinan» los viticultores por «falta de rentabilidad».

CUESTIONAN POR QUÉ SE DEVUELVEN FONDOS A LA UNIÓN EUROPEA Y AL MISMO TIEMPO SE DENIEGAN LAS AYUDAS SOLICITADAS POR LOS AGRICULTORES

En este sentido, ha demandado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que «deje de discriminar a Extremadura en el reparto de fondos para las medidas aprobadas en el PASVE y que no se quede un agricultor sin ayudas en tanto exista presupuesto disponible».

La Unión ha cuestionado por qué se devuelven fondos a la Unión Europea y al mismo tiempo se niegan ayudas al sector cuando son solicitadas por los agricultores.

En su opinión, la medida más importante en Extremadura es la de reestructuración y reconversión de viñedos en aras de mejorar las variedades y métodos de producción para obtener mejores vinos.

Esta medida se aprueba bajo el régimen de concurrencia competitiva, donde «son numerosos» los requisitos para acceder a la misma, porque «en teoría» se presentan más solicitudes que presupuesto disponible, y al final se devuelve el presupuesto a la Unión Europea por «no saber invertirlo».

A nivel estatal, se han «perdido» en España 45 millones de euros durante los dos últimos años, 30 en 2023 y 15 en 2022, por lo que ha preguntado por los responsables de dicha gestión.