La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, considera insuficiente la resolución aprobada por la Dirección General de Medio Natural para el control de la Vespa velutina durante el otoño de 2026. Aunque el Gobierno de Aragón reconoce la gravedad de la expansión de esta especie invasora y los daños que ocasiona sobre las abejas, la biodiversidad y la actividad apícola, «vuelve a trasladar a los profesionales del sector la práctica totalidad de los costes, trabajos y responsabilidades».
En su denuncia de esta situación, la organización agraria destaca que «la administración autonómica autoriza el trampeo, pero son los apicultores quienes deben comprar las trampas y los atrayentes, asumir su instalación, desplazarse semanalmente a revisarlas, geolocalizarlas, contabilizar las capturas, identificar los insectos afectados, cumplimentar la documentación y remitir los resultados. Todo esto sin recibir una ayuda económica específica, sin compensación por el trabajo realizado y sin un plan de indemnización por los daños que la Vespa velutina provoca en las explotaciones».
En este sentido, UAGA-COAG manifiesta que «los apicultores no pueden convertirse en el servicio gratuito de vigilancia, control y seguimiento de una especie exótica invasora. Su gestión corresponde al Gobierno de Aragón y, por tanto, no puede sostenerse sobre los recursos económicos, el tiempo y el trabajo de los profesionales afectados».
UNA RESOLUCIÓN ELABORADA SIN ESCUCHAR A LAS ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS
UAGA-COAG lamenta especialmente que el Gobierno de Aragón no haya convocado previamente a las organizaciones profesionales agrarias para analizar y consensuar las condiciones de este programa de trampeo. Y señala que el sector se ha encontrado con una resolución ya elaborada y publicada, sin haber tenido capacidad real para opinar, formular propuestas o advertir de las dificultades prácticas que su aplicación va a generar en las explotaciones.
«No es razonable regular un programa que impone nuevas obligaciones económicas, administrativas y de seguimiento a los apicultores sin escuchar antes a quienes conocen directamente el problema y deberán ejecutar sobre el terreno buena parte de las medidas».
«El diálogo con el sector no puede limitarse a informar de una resolución cuando ya está aprobada. Participar significa poder intervenir antes de que se adopten las decisiones, especialmente cuando esas decisiones imponen obligaciones y costes a los profesionales», destacan en una nota de prensa.
Por esa razón, UAGA-COAG exige que, en adelante, cualquier modificación, ampliación o nuevo programa de control de la Vespa velutina sea negociado previamente con las organizaciones agrarias, legítimas representantes de los profesionales apícolas.
EL COSTE DEBE ASUMIRLO LA ADMINISTRACIÓN
La lucha contra una especie exótica invasora constituye una responsabilidad pública. Por ello, UAGA-COAG reclama la habilitación inmediata de una partida presupuestaria específica, suficiente y estable que cubra los medios materiales, el seguimiento técnico, la retirada de nidos y las compensaciones por los daños causados a las explotaciones.
A esta falta de financiación se le suma la insuficiencia de Agentes para la Protección de la Naturaleza que se viene padeciendo sobre el territorio. Los APN desempeñan una función esencial en la vigilancia ambiental, la detección de focos, la localización de nidos y la coordinación de las actuaciones frente a especies invasoras. Sin efectivos suficientes, difícilmente puede sostenerse una respuesta pública rápida, homogénea y eficaz ante la expansión de la Vespa velutina.
UAGA-COAG denuncia que la resolución de la Dirección General de Medio Natural, «en lugar de reforzar estos servicios públicos y dotar el programa con presupuesto propio, deriva las tareas de recogida, comprobación y remisión de información a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria apícola. De este modo, se traslada a las ADS una carga administrativa y operativa adicional sin garantizar los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios para asumirla».
Las ADS cumplen una función sanitaria fundamental para el sector apícola y sus recursos deben destinarse a los fines para los que fueron creadas. «No es aceptable que la falta de personal y de presupuesto de la administración autonómica se cubra desviando medios de las ADS o convirtiéndolas, junto con los apicultores, en sustitutas de los servicios públicos de vigilancia y control ambiental». En opininón de UAGA-COAG, si el Gobierno de Aragón quiere contar con su colaboración (de las ADS), deberá formalizarla, consensuarla y financiarla íntegramente.
UAGA-COAG EXIGE UN VERDADERO PLAN AUTONÓMICO
La organización agraria destaca que la autorización de unas pocas trampas no constituye por sí sola una estrategia de control. Aragón necesita un plan autonómico integral, permanente y dotado presupuestariamente.
Estas son las reivindicaciones de UAGA-COAG:
- La creación de una mesa autonómica de seguimiento con participación directa del sector apícola.
- La corrección urgente de los errores territoriales y contradicciones existentes entre los anexos.
- La ampliación automática del trampeo a cualquier municipio donde se confirme la presencia de Vespa velutina.
- La financiación íntegra de trampas, arpas eléctricas, atrayentes y equipos de protección.
- Compensaciones por pérdidas de colonias, caída de producción y costes adicionales.
- Un programa público de detección, localización y retirada de nidos.
- Un canal único y urgente para comunicar capturas, focos y nidos.
- La autorización de cualquier modelo de trampa que acredite eficacia y selectividad equivalentes.
- El incremento del número de trampas en función del tamaño y nivel de afección de cada explotación.
- Formación gratuita para apicultores y personal encargado de identificar y controlar la especie.
- Un mapa público y permanentemente actualizado sobre la expansión de Vespa velutina en Aragón.
Por último, UAGA-COAG reitera la voluntad de colaboración del sector apícola, pero advierte de que esta colaboración debe desarrollarse con financiación, apoyo técnico y participación en la toma de decisiones.
Los apicultores ya soportan el incremento de los costes de producción, los efectos de la sequía y del cambio climático, los problemas sanitarios, la competencia desleal de mieles importadas y una rentabilidad cada vez más ajustada. No pueden asumir también, sin ayuda ni compensación, una función pública de control ambiental.