La Unión Extremadura ha denunciado que las ayudas por las borrascas el Gobierno de la Nación «discrimina a más de media Extremadura», a la vez que critica que a «la Junta de Extremadura, ni está ni se la espera».
El Fega publicó el lunes 30 la relación provisional de los beneficiarios de las ayudas por los daños ocasionados por las borrascas de este invierno en las Comunidades de Andalucía y Extremadura y que fueron aprobadas en el Real Decreto-ley 5/2026, que en estos momentos se está tramitando como proyecto de Ley.
En primer lugar, han criticado que en dicho Real Decreto-ley se establecía que las ayudas se iban a conceder de oficio, o lo que es lo mismo, que el agricultor que cumpliera los requisitos se les abonarían sin más trámites, pero en una orden del Ministerio de Agricultura publicada el 28 de marzo, el Gobierno de la Nación cambia este requisito e impone el tener que aceptar la ayuda en un plazo de 15 días para que la misma se abone, «por lo que muchos beneficiarios que se les pase el plazo se quedarán sin dichas ayudas».
“LA JUNTA PARECE PENDIENTES SOLO DE LAS NEGOCIACIONES DEL NUEVO GOBIERNO Y NO LES IMPORTA LO QUE LES ESTÁ SUCEDIENDO A SUS CIUDADANOS»
Aunque se esté tramitando como proyecto de Ley, la organización también quiere denunciar que «muchas explotaciones que han sufrido daños importantes se van a quedar excluidas de las ayudas debido a que la mayor parte de los términos municipales de Extremadura se han quedado fuera del ámbito geográfico de estas ayudas, por ejemplo toda la provincia de Cáceres que tuvo daños importantes y que el Gobierno las ha excluido».
Así mismo se muestran muy duros con «la actitud de la Junta de Extremadura que no ha realizado actuación alguna para ayudar a los perjudicados por estas borrascas, parecen pendientes exclusivamente de las negociaciones del nuevo Gobierno y que no les importa lo que les está sucediendo a sus ciudadanos».
Tras recordar que en Andalucía se ha publicado la Orden de 27 de marzo por la que se aprueban ayudas para estos damnificados por un importe de 500 millones de €, destaca que «ante estas circunstancias cabe hacerse las siguientes preguntas:
¿Por qué motivo el Gobierno de la Nación discrimina a multitud de municipios de Extremadura incluida la provincia de Cáceres entera?
¿Por qué motivo se endurecen los requisitos aprobados en un Real Decreto-Ley?
¿Hasta cuándo la Junta de Extremadura va a seguir ignorando los problemas de sus ciudadanos y atendiendo exclusivamente a ver quiénes son los que ocupan los sillones del Consejo de Gobierno?»
