LA UNIÓ Llauradora y AVA-ASAJA han denunciado la grave situación por la que atraviesa la actual campaña citrícola ante los incumplimientos en los contratos citrícolas derivados de la trampa legal de no fijar fecha de recolección por parte del comercio privado, especialmente en las variedades de clementinas y mandarinas de primera parte de campaña, que deberían haberse recolectado antes del 15 de diciembre.
Según la UNIO, «se trata de una práctica generalizada y reiterada año tras año y que se intensifica cuando los operadores comerciales no tienen salida para su mercancía como ahora. En estos casos, los compradores dejan pasar deliberadamente el tiempo sin recolectar la fruta, a pesar de existir un contrato firmado, provocando que esta se deteriore en el árbol. Posteriormente, alegan que la fruta ‘no está en condiciones’ para justificar la no recolección y así reducir o anular las cantidades compradas».
Para AVA-ASAJSA, los asociados damnificados de comarcas citrícolas de Castellón y Valencia denuncian que los comercios con los que habían acordado meses atrás la venta de sus mandarinas o naranjas de primera mitad de la campaña no han acudido a sus campos mientras la fruta se encontraba en perfectas condiciones. Hay casos en los que los ‘collidors’ contratados por el comercio únicamente recogieron parte de la cosecha y el resto se ha quedado en el campo; en otras ocasiones se presentaron varias semanas después de la fecha convenida, por lo que muchas frutas ya estaban sobremaduradas y no llegarán al mercado; e incluso hay casos en los que ni siquiera se ha recolectado ni un kilo de mandarinas, como satsumas y clementinas. La demora de recolección también se ha producido, en menor medida, en el caqui, a pesar de ser un cultivo con mucha demanda en los mercados.
Ambas organizaciones hacen un llamamiento directo a los citricultores para que denuncien estos incumplimientos, aporten contratos y pruebas, y no normalicen estas prácticas abusivas que ponen en riesgo la viabilidad del sector citrícola valenciano.
UN VACÍO LEGAL QUE AMPARA EL ABUSO
LA UNIÓ señala que esta situación se ve favorecida por un grave vacío en la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, que no obliga a incluir en los contratos agroalimentarios por escrito una fecha final de recolección. «Los modelos utilizados por la parte compradora no contemplan este campo de forma obligatoria y, en la práctica, solo podría añadirse en un apartado de observaciones, lo que deja al agricultor en una clara situación de indefensión».
De este modo, el comprador no comunica formalmente su renuncia a recolectar, sino que simplemente deja transcurrir el tiempo, incumpliendo el espíritu y la finalidad del contrato, que no es otra que la recolección de la fruta en condiciones óptimas.
«Las consecuencias para el citricultor son devastadoras. En los casos de no recolección de la fruta, las pérdidas alcanzan el 100 % de la producción contratada, además de obligar al agricultor a asumir todos los costes derivados como son los tratamientos, mantenimiento del cultivo, gestión de la fruta deteriorada y perjuicios sobre el arbolado. Todo ello además sin ningún tipo de compensación», denuncian.
Ante esta situación, LA UNIÓ exige una modificación urgente de la Ley de la Cadena Alimentaria para que sea obligatoria la inclusión en los contratos de una fecha límite de recolección. También demanda la prohibición expresa de comisiones de intermediación ficticias que no respondan a una mediación real e independiente o la imposición de sanciones más severas para aquellos compradores que incumplan los contratos mediante retrasos deliberados.
Por su parte, AVA-ASAJA reclama a las administraciones competentes un mayor control sobre el cumplimiento de los contratos agrarios y una aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria, con el objetivo de proteger a los productores y garantizar unas relaciones comerciales justas y equilibradas en el sector agrario.