La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y La UNIÓ de Llauradors han criticado duramente y consideran una auténtica burla la decisión del Ministerio de Agricultura (MAPA) de dar marcha atrás a la autorización excepcional de productos fitosanitarios a base de la materia activa de propanil para controlar con eficacia las malas hierbas en el cultivo del arroz.

A pocos días para iniciar los preceptivos tratamientos, los arroceros de la Comunitat Valenciana observan con estupor cómo no pueden hacer uso del propanil cuando la Conselleria de Agricultura había transmitido en una reunión celebrada con el sector el pasado 27 de mayo que desde el MAPA se iba a autorizar excepcionalmente su uso este año. Sin embargo, el director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio, Valentín Almansa, ha firmado una resolución denegatoria que supone un duro mazazo para los arroceros que ya habían apalabrado la compra de producto fitosanitario para emplearlo en sus campos.

Los intereses de los arroceros valencianos se ven así gravemente perjudicados por la decisión del Ministerio de Agricultura de prohibir su uso, que se materializará seguro tanto en una sensible reducción de la cosecha como en un incremento de los costes, según las organizaciones.

La Unión Europea sigue una línea política cada vez más restrictiva en el empleo de productos fitosanitarios, pero otorga a los Estados miembros la posibilidad de autorizar cada año de manera excepcional el uso de determinadas materias activas, entre ellas el propanil.

Tanto LA UNIÓ como AVA-ASAJA consideran que “las Administraciones Públicas deberían garantizar que el cultivo sea viable y rentable para los productores y con estas decisiones injustas y arbitrarias nos conducen a la inviabilidad de poder cultivar en condiciones, generar economía y mantener el parque natural de la Albufera. No puede ser que las autorizaciones excepcionales se resuelvan días antes de realizar los tratamientos, cuando se solicitan a principios de año, dado que distribuidores y agricultores deben disponer de una previsión con suficiente antelación”.

Ambas organizaciones consideran que las autoridades comunitarias deberían estudiar antes de retirar un producto fitosanitario las alternativas existentes. “Para combatir las malas hierbas en el arroz no existe en el mercado en estos momentos ningún otro producto alternativo en nuestras condiciones de cultivo, nosotros apostamos por la seguridad alimentaria pero que nos den soluciones y no nos creen más problemas”, señalan.