Cooperativas Agro-alimentarias de España y la organización agraria Asaja han afirmado en un comunicado conjunto que el sector de empresas privadas que participan en la Inspección técnica de equipos de aplicación de fitosanitarios «maniobra para controlar en régimen de oligopolio» este servicio.

Ambas asociaciones pedirán a responsables del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) «que no ceda a la presión de estas empresas», han avanzado.

A su juicio, la concentración de miembros de la Asociación Nacional de ITEAF (Aniteaf) convocada para este miércoles 5 a las puertas del Mapama es para «exigir una serie de cambios legislativos que les permitan manejar a su antojo y en exclusividad toda la estructura dedicada al control técnico de la maquinaria que se usa en la aplicación de fitosanitarios».

Les acusan de «pretende privatizar el servicio e imponer unas reglas del juego diseñadas a su propia medida»

Y también, han añadido, para «impedir que las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias puedan seguir realizando este tipo de inspecciones obligatorias, denominadas Iteaf».

A su juicio, «Aniteaf ha emprendido una campaña, basada en argumentos falsos y totalmente cuestionables» para «eliminar cualquier forma de competencia» y crear un oligopolio.

Desde que se instauró en España la obligatoriedad de que los equipos fitosanitarios pasasen una serie de inspecciones, «las organizaciones agrarias y las cooperativas han cumplido este cometido a entera satisfacción y sin incidencias» a «un precio competitivo para el productor, dentro de la lógica del mercado», han señalado.

Para ambas entidades, «las empresas privadas que realizan la Iteaf no ven con buenos ojos la presencia de organizaciones agrarias y cooperativas y han decidido pasar a la acción para eliminarlas del mapa, defendiendo un sistema de certificación que sustituya el papel de vigilancia que los gobiernos autonómicos ejercen en este ámbito».

Han planteado que Aniteaf «pretende privatizar el servicio e imponer unas reglas del juego diseñadas a su propia medida» y que las consecuencias de un oligopolio en este sector podría traducirse en un «encarecimiento de los precios que tienen que pagar los agricultores por la prestación del servicio de inspección».