LA UNIÓ de Llauradors ha detectado durante esta campaña un incremento de los contratos de compraventa de cítricos con cláusulas abusivas para los agricultores, fundamentalmente de casos en los que los precios se sitúan claramente por debajo de los costes de producción, por lo que le pide que actúe de oficio y destine más recursos para perseguir los mismos.

La organización agraria ha trasladado a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) -organismo dependiente del Ministerio de Agricultura- que inicie los controles e inspecciones requeridos para comprobar el cumplimiento del contenido del contrato de compraventa de cítricos de acuerdo con lo establecido en artículo 9 de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Ese aumento de contratos en el sector citrícola con cláusulas impresas en los mismos en las que el vendedor firma y acepta que el precio de compraventa está por encima de los costes de producción efectivos es un precedente preocupante y grave. «Puede generar esta circunstancia problemas en las próximas campañas porque se está asumiendo un coste de producción que no se ajusta a la realidad y que se firma por el elevado poder de negociación de estas empresas y por el miedo a quedarse con la cosecha en el árbol», asegura Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ.

En este sentido, hay que recordar que LA UNIÓ durante la tramitación de la Ley de la Cadena Alimentaria en el Congreso de los Diputados ya propuso que se legislara para limitar el elevado poder de negociación de muchos intervinientes en la cadena alimentaria. «No se hizo caso y ya se observan las consecuencias», lamentan.

En uno de los casos que ha remitido a la AICA, un operador comercial compra 170.000 kg de naranja de la variedad Lane late a un agricultor, con un precio de 0,10 €/kg.

CRITICAN QUE DESDE LA AICA SE PIDEN CADA VEZ MÁS REQUISITOS PARA DENUNCIAR

En todos los estudios y publicaciones recientes los costes de producción efectivos están muy por encima del precio que esa empresa ha establecido en la transacción del contrato de compraventa denunciado y es evidente que algunas otras empresas también los están incumpliendo.

Los estudios publicados por el IVIA y el Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de Agricultura datan ya de hace once años y en otro del IVIA, todavía no publicado oficialmente, los costes de producción ya se sitúan alrededor de los 0,23 €/kg. LA UNIÓ aprovecha para que de forma oficial se publiquen los precios efectivos de referencia de los costes de producción en todas las especies citrícolas, tanto por el Ministerio de Agricultura como por las interprofesionales en aquellos sectores agrarios que dispongan de estas entidades.

Por tanto, supuestamente, a juicio de LA UNIÓ, se está vulnerando en algunos casos lo establecido en la letra c) del punto 1 del artículo 9 de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y, concretamente, donde indica que «el precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción, que incluirá todos los costes asumidos para desarrollar su actividad (…)».

LA UNIÓ también resalta las crecientes exigencias que desde la AICA se solicitan últimamente para formalizar las denuncias contra aquellos operadores comerciales que incumplen la Ley de la Cadena Alimentaria, como es el caso de estos contraos de compraventa de cítricos con cláusulas abusivas. «Se nos piden cada vez más cosas y trámites para que una denuncia llegue a buen puerto, lo que dificulta enormemente su presentación y hace inviable el proceso. Por ello pensamos que el organismo encargado de velar por la transparencia en las transacciones comerciales agroalimentarias debería actuar de oficio en casos flagrantes de incumplimiento de los contratos y no acumular al agricultor de más faena extra por denunciar algo que supone un abuso», afirma Carles Peris.