La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, ha manifestado este martes su profunda preocupación ante el anuncio de construcción de un macrocomplejo avícola en El Pobo (Teruel), con capacidad para más de 2 millones de gallinas ponedoras, a la vez que ha criticado que el Gobierno de Aragón «vuelva a facilitar este tipo de iniciativas mediante la fórmula del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) cuando el productor profesional no las recibe»
Según este colectivo, se trata de un mecanismo que acelera plazos administrativos y otorga ventajas a grandes grupos empresariales frente a los proyectos promovidos por ganaderos y ganaderas a título individual, «que ven cómo sus solicitudes se atascan durante dos años en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), pendientes de la evaluación favorable».
En una nota de prensa, UAGA-COAG ha reconocido que el sector avícola de puesta tiene que crecer porque hay mucha demanda de huevos, pero ha considerado que ese crecimiento no puede sustentarse solo en este tipo de macroproyectos.
Por ese motivo, la organización agraria «considera inadmisible que la administración autonómica priorice un proyecto de una integración a gran escala frente a una explotación proyectada por un ganadero particular, que vive en el pueblo, genera actividad económica local y contribuye de forma directa a fijar población».
«EL GOBIERNO DE ARAGÓN NO PUEDE TENDER LA ALFOMBRA ROJA Y DAR TODAS LAS FACILIDADES A ESTE TIPO DE PROPUESTAS, CUANDO EL PRODUCTOR PROFESIONAL NO LAS RECIBE»
Para este colectivo, los macroproyectos avícolas responden a una lógica puramente industrial y financiera, desligada del territorio y centrada en la concentración de producción en manos de grandes grupos empresariales.
«El Gobierno de Aragón no puede tender la alfombra roja y dar todas las facilidades a este tipo de propuestas, cuando el productor profesional no las recibe», han aseverado desde UAGA-COAG.
Bajo su punto de vista, «este modelo no genera el mismo retorno social ni económico en el medio rural y, además, incrementa la presión ambiental sobre las comarcas afectadas».
UAGA-COAG también ha denunciado que estos macrocomplejos se sostienen, en la mayoría de los casos, sobre «contratos de integración abusivos, que dejan a los granjeros en una posición de absoluta dependencia frente a las grandes empresas».
En ese sentido, la organización agraria ha indicado que «el Gobierno de Aragón no puede hablar de desarrollo rural ni de sostenibilidad cuando con sus políticas favorece un modelo basado en la concentración empresarial, la precarización de los profesionales agrarios y la expulsión progresiva de los pequeños granjeros del sector».
