Embajada Española en Washington.-En 2010 se presentó en la Cámara de Representantes del Congreso la llamada Ley CARE (Community Alcohol Regulatory Effectiveness Act ), Ley que no se debatió en el 111th Congreso y fue rechazada.
El 17 de marzo de 2011 el Congresista Jason Chaffetz (Republicano de Utah) ha presentado, conjuntamente con ocho Congresistas de los dos partidos, la Resolución HR 1611 que retoma la Ley presentada en 2010 sobre el comercio de vino.
La petición ha sido apoyada por la National Beer Wholesalers Association y se han manifestado en contra las siguientes asociaciones: Brewers Association, Destilled Spirits Council of the USA, Beer Institute, Wine America, Wine Institute y la National Association of Beverages Importers, los cuales han enviado una carta la Congreso para manifestar su oposición a la Ley en la cual exponen los siguientes argumentos:
“La renombrada Ley de 2011 sobre Efectividad Regulatoria del Alcohol en la Comunidad (“Ley CARE”), H.R. 1161, fue, recientemente reintroducida a petición de la Asociación Nacional de Vendedores al Por Mayor de Cervezas (National Beer Wholesalers Association – NBWA) y de la Vendedores al por Mayor de Vino y Bebidas Espirituosas de América (Wine and Spirits Wholesealers of America – WSWA).
Productores e importadores de cerveza, vino y bebidas espirituosas se han unido a nuestra oposición a este innecesario y erróneo esfuerzo legislativo.
Los proponentes de la H.R. 1161 reclaman que esta ley es necesaria para mantener el derecho de un Estado a regular el vino, la cerveza y las bebidas espirituosas destiladas, terminar la avalancha de demandas, y detener la ola de “desregulación”.
Los mayoristas apoyan los derechos de los Estados a regular el alcohol, de conformidad con la Vigésima Primera Enmienda y las asociaciones de productores e importadores nos oponemos a este proyecto de Ley.
Asimismo los Tribunales y el Congreso también reconocen que los poderes que se otorgan a los estados bajo la Vigésima Primera Enmienda, no son absolutos y deben compensarse con otras disposiciones de la Constitución, como la Cláusula de Comercio.
Los mayoristas quieren cambiar esto. El sistema estatal de regulación del alcohol ha evolucionado desde de la prohibición hasta un marco jurídico que promueve con éxito las prácticas comerciales responsables.
El hecho de las leyes estatales del alcohol queden exceptuadas de la posibilidad de que los tribunales puedan revisarlas en base a la Cláusula Comercial de la Constitución, tal y como propone la nueva Ley, socavaría el sistema de libre mercado ratificado en la Constitución y amparado por 100 años de precedente judicial.
Por otra parte, rechazamos la idea de los que apoyan la nueva ley de que últimamente haya una avalancha de litigios.
Desde que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió judicialmente el caso Granholm en 2005, han habido 39 demandas interpuestas en los tribunales federales (lo que es una respuesta normal a una resolución judicial del Tribunal Supremo), incluyendo dos impugnaciones presentadas por los vendedores al por mayor.
La mayoría de estos casos de impugnación de leyes permiten a los bodegueros de un Estado hacer envíos directos a los consumidores del propio Estado, pero prohíbe a los bodegueros de fuera del Estado hacer lo mismo.
El 7 de marzo de 2011, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declinó revisar uno de los últimos casos –una impugnación a la ley del Estado de Texas-, que los mayoristas, dicen, justifica la legislación propuesta.
El apoyo de los vendedores al por mayor de esta acción del Tribunal Supremo es inconsistente con su propio apoyo a la H.R. 1161, la cual no permite a los Tribunales el poder de tomar, precisamente, este tipo de decisiones equilibradas.
Con la mayoría de estos casos ya resueltos, una legislación como la H.R. 1161 daría un vuelco a los precedentes provocando la revisión de muchos casos ya resueltos.
Los tribunales no están desregularizando el alcohol por lo que animamos a los proponentes de la Ley a que señalen el Estado que haya sido llevado al borde de la desregulación como resultado de sentencias.
En más de la mitad de esos casos, las leyes estatales han sido defendidas. Donde hayan sido derogadas, el poder legislativo estatal, no los tribunales, han promulgado nuevas leyes que han pasado el escrutinio constitucional.
Con más de 4.000 leyes, los reguladores estatales continúan teniendo amplio y extenso poder de regular, incluyendo la posibilidad de imponer y comprobar el control de precios, suspende o revocar licencias por comportamiento ilegal, imponer impuestos selectivos, establecer restricciones en cuanto a horarios y comprobación obligatoria de identificaciones, por nombrar algunas.
Por último, nos oponemos a la nueva ley y urgimos al Congreso a que no modifique un marco legal que ha tenido éxito en detrimento de los consumidores, la industria y los intereses federales en un justo, competitivo y ordenado mercado para el vino, cerveza y bebidas espirituosas destiladas. “