La negociación del Plan Estratégico y su implicación en el desarrollo de la PAC que está a punto de arrancar en España ha sido el objeto del primer debate de las CCAA organizado por qcom.es y euroganadería.eu, que ha dejado claro que todas las Comunidades Autónomas coinciden en que es un momento de cambio pero también que sigue habiendo demasiadas diferencias a la hora de poder cerrar la futura PAC, aunque también dejaron claro que todos tienen voluntad de dialogar y de buscar el consenso que todo el campo desea.

Los consejeros de Aragón, Joaquín Olona, de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, y de Galicia, José González (otras CCAA declinaron participar) dejaron claro sus coincidencias, como que «los beneficiarios de la PAC deben ser los profesionales, no los sectores», que el objetivo es «mejorar la renta agraria» e incluso para estas tres CCAA poner fin a los derechos históricos porque «no se pueda planificar la PAC de 2023 en base a una imagen del año 2000». Sin embargo, también asumen diferencias que todos aceptan que hay que respetar, sobre todo las que afectan a la Cornisa Cantábrica con un modelo muy diferente de agricultura y ganadería.

El primer tema sobre la mesa ha sido la inminente negociación del Plan Estratégico Nacional y la propuesta de reducir las actuales regiones. En este sentido, Martínez Arroyo se ha mostrado muy partidario de reducirlos, «porque hay que tender a un modelo más sencillo y ajustarnos a lo que se propone en Europa, donde en Alemania solo hay 13 y en Francia y Finlandia, dos, mientras que en España tenemos 50. No podemos ser la excepción. Hace falta una PAC más justa en la que todos sean iguales».

Por su parte, José González, que defiende «una unidad de lealtad como Estado», sí ha incidido en que «todos tenemos nuestra idiosincrasia y no me refiero solo a Galicia, sino a toda la Cornisa Cantábrica y por lo visto hasta ahora lo visto no va en un sentido que es vital para nosotros» por lo que aboga por ir planificando un Plan Estratégico «que vaya de abajo arriba, que partan de las CCAA para luego implementarla a nivel nacional».

Para Joaquín Olona, la clave del futuro debate se debe centrar en la «brecha de la renta agraria que se ha creado». Reconoce que hay que «tener en cuenta las diferencias de la CCAA, pero lo que nos une e que existe una brecha en la renta, que es la gran promesa incumplida de la PAC y de la que se habla muy poco y sobre la que se debe poner el acento y concentrarse los pagos de la PAC».

Una cuestión que ha propiciado que desde Castilla-La Mancha se recalque que «esta es la gran oportunidad para que todo el mundo cobre lo mismo por un mismo cultivo. tenemos que ir a la convergencia y compensar a agricultores y ganaderos por lo que no reciben por otras vías», como ha señalado Martínez Arroyo.

Una postura que acepta pero no comparte el conselleiro gallego, que ha dejado claro, con el ejemplo de su sector lácteo, que la media de las explotaciones es de 22 hectáreas  cuando se produce casi el 50% de toda la leche nacional, «por lo que es inadmisible tener una criterios similares en toda España».

COINCIDENCIA EN CENTRAR EN UN 20% LAS AYUDAS DE LOS ECOESQUEMAS PERO NO DE MEZCLAR MEDIOAMABIENTE CON POLÍTICA AGRARIA

Otro de los grandes temas de debate donde no ha habido demasiadas diferencias han sido los nuevos ecoesquemas, en el que las tres CCAA coinciden en limitar las ayudas al 20%, en contra del 30% que reclama el Parlamento Europeo y en que no se debe mezclar las política medioambientales con las agrarias.

En este sentido, Joaquín Olona ha sido claro al plantear que «la PAC es una política agrícola y no se debe tergiversar con argumentos medioamabientales. es un error, como se quiere hacer, dividir al campo en dos bloques, los que defienden la renta agraria y los que defienden el medioambiente. los ecoesquemas deben ser unas ayudas que vayan a los agricultores y ganaderos profesionales y a las explotaciones familiares y no a otras cosas».

En esta línea, Martínez Arroyo, aboga por unos ecoesquemas «que deben ser nacionales salvo en temas muy concretos y deben ser las propias CCAA las que deben precisar el 100% de las aplicaciones en las que se desarrollan». Una postura que comparte Galicia, que pide primero «un periodo de adaptación, porque el que más está preocupado con el medio ambiente es el agricultor y  el ganadero, pero afrontar estos retos necesita dinero y tiempo, porque si se aumentan solo los costes se puede llegar a la quiebra».

En el debate se ha hablado también de derechos históricos, «no se pueden conceder ahora unas ayudas a unos cultivos que ya no están presentes como hace muchos años», la necesidad ed poner fin al concepto de sector, «porque el dinero no va a vino o al olivar, sino a los profesionales que, en la mayoría delos casos, tienen distintos cultivos», en ser flexibles en las negociaciones entre las comunidades, «el dinero no es de una CCAA sino de las personas», o de ser francos ala hora de plantear el tema de los bajos precios «y de apostar más por la promoción para ayudarles» que de regularlos.

Un debate interesante que ha dejado claro dos ideas. Hay voluntad de diálogo y convencimiento de que se trata de una oportunidad inmejorable para cambiar la PAC. pero también de que existen aún demasiadas diferencias que se deben pulir.