La  Coalición Por Otra PAC ha denuncia los «goteos de rebajas ambientales en la PAC más verde de su historia», que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Un nuevo marco legislativo que introduce ciertas mejoras respecto al actual en aspectos sociales y ambientales clave. Una de las novedades son los eco-regímenes, nuevos pagos verdes que promueven un apoyo extra, e igualitario entre territorios, a las explotaciones que voluntariamente realicen prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. «Eso, sobre el papel, porque sus exigencias se están descafeinando antes de su aplicación», según lamenta la Coalición.

Cada vez más comunidades autónomas, entre las que se encuentran Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Murcia y Andalucía, «han flexibilizado, mediante resoluciones en sus boletines oficiales, las exigencias ambientales para acogerse a ellos. Al menos durante 2023, rompiendo con el espíritu de una PAC común entre regiones y pudiendo causar potenciales desigualdades en la competencia».

Por ejemplo, Castilla-La Mancha, alude a la sequía como causa mayor para establecer excepciones en los requisitos que deben cumplir los potenciales beneficiarios. Así, en el de pastoreo extensivo, la resolución publicada en su diario oficial disminuye la carga ganadera mínima para que todas las explotaciones que cumplen las condiciones actuales sigan beneficiándose de esta ayuda. También, hay rebajas en las exigencias referentes a la rotación de cultivo, las cubiertas vegetales vivas e inertes, entre otras.

Otras regiones españolas aluden a circunstancias como el mercado para garantizar que las personas que hasta ahora se beneficiaban de la PAC sigan percibiendo lo mismo sin cumplir las nuevas exigencias ambientales cuando, en este caso, se trata de pagos para objetivos ambientales.

“LAS AMENAZAS ACTUALES SON TAN GRANDES QUE NO SE PUEDE ESPERAR OTROS SIETE AÑOS PARA ACOMETER CAMBIOS URGENTES»

Los goteos de rebajas ambientales en «la PAC más verde de su historia» se suman a la supresión durante el año que viene de las obligaciones derivadas de la condicionalidad sobre la rotación de cultivos y el mantenimiento de barbechos. En ese caso, la decisión vino de Europa -aunque respaldada por 16 estados miembros entre los que estaba España- y la excusa fue paliar las consecuencias de la invasión de Ucrania. Entonces, Por Otra PAC, junto con un centenar de coaliciones y entidades europeas, envió una carta a los máximos representantes de la Comisión para exigir que se blindaran los pocos hitos ambientales alcanzados hasta ahora en la nueva Política Agraria Común. «La petición de tan amplia representación de la sociedad civil fue desoída», lamentan.

De vuelta a España, actualmente está sobre la mesa otra circunstancia alarmante dentro de los mecanismos legales para salvaguardar el medio ambiente: el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico aún no ha publicado la Declaración Ambiental Estratégica del Plan Estratégico de la PAC.

Se trata de un texto vinculante que debe incorporarse en los Reales Decretos que pondrán en marcha la nueva PAC. Su importancia radica en que valora aspectos clave del PEPAC desde el punto de vista ambiental, como son las inversiones en regadío, la mejora del control de la condicionalidad o la propuesta de retirada del eco-regimen de siembra directa -vinculado al uso de glifosato-, entre otros. Es tal su relevancia que la Coalición Por Otra PAC lleva reclamando su publicación desde hace más de un mes, cuando se cumplió el plazo legal para ello.

Desde la Coalición Por Otra PAC, que agrupa 50 entidades de diversos ámbitos -ganadería extensiva, producción ecológica, defensa ambiental, desarrollo rural, nutrición y consumo-, consideran necesario «que arranque cuanto antes la nueva PAC para reducir la incertidumbre de las personas que viven del campo. Sin embargo, alertan sobre la senda de flexibilizaciones ambientales que desvirtúan el ya tímido avance del nuevo marco normativo hacia la sostenibilidad».

Por ello defienden que «la transición hacia modelos agroecológicos es vital para conseguir un sistema agroalimentario sostenible económica, social y ambientalmente. Y la vida nos va en ello. Las amenazas actuales -aumento de los precios de los insumos, invasión de Ucrania, cambio climático, población creciente…- son tan grandes que no se puede esperar otros siete años para acometer cambios urgentes».