Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha apoyadoeste viernes 20 no solo sanciones a la industria láctea sino que la organización pide que la empresa infractora de la industria  compense económicamente al ganadero afectado para cubrir las pérdidas ocasionadas, como mínimo de los costes de producción.

De la misma forma que en el resto de CCAA, la movilización conjunta, con Unión de Pagesos y Vaquers de la Plana de Vic, para pedir unos precios justos para la leche. La actual situación está llevando a la extinción de las explotaciones lecheras. En 2011 había 919 granjas lecheras en Cataluña. El junio del 2021 solo quedan 399 productores con entregas de leche, tan solo desde enero de este año han cerrado 14 explotaciones.

La crisis estructural que sufre el sector se ha visto agravada el último año por el aumento de los costes de producción, en parte por la espiral alcista de las materias primas básicas para la alimentación animal (+26% en último año), y los productores no cubren los costes de producción. Según el Informe mensual de coyuntura elaborado mensualmente por el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, en el mes de junio de 2021 el umbral de rentabilidad (precio percibido por la leche necesario) se situaría en 37,35 céntimos de euro por litro, mientras que el precio percibido como media ha sido de 33,24 céntimos de euro por litro.

PIDEN QUE LA INDUSTRIA COMPENSE ECONÓMICAMENTE AL GANADERO AFECTADO PARA CUBRIR LAS PÉRDIDAS OCASIONADAS

Esta situación es más cruda todavía para las explotaciones que no disponen de una superficie territorial agrícola suficiente para cubrir con parte de la alimentación de los animales con recursos propios.

JARC considera que las cadenas de distribución tendrían que pagar un precio que garantice que la industria puede retribuir al productor con un precio que cubra los costes de producción, como establece la Ley de la Cadena Alimentaria, y que resulte rentable para el ganadero. La leche no se puede continuar utilizando como producto reclamo a expensas de los productores. La entidad propone, en este sentido, establecer un precio mínimo de venta en el público, como posible medida para lograrlo, como se ha hecho en otros países, y que este aumento de precio al lineal repercuta en el que percibe el ganadero.

Para proteger los ganaderos de los abusos es necesario revisar la Ley de la Cadena Alimentaria, y su aplicación. Tiene que ir más allá y, aparte de las sanciones, la organización pide que la empresa infractora de la industria compense económicamente al ganadero afectado para cubrir las pérdidas ocasionadas, como mínimo de los costes de producción. Según JARC, otra medida efectiva seria inhabilitar la empresa que vulnere la ley de la cadena alimentaria para comercializar aquel producto durante un período de tiempo estipulado.