Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha calificado de lastre el Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios y así lo ha manifestado en las alegaciones que ha presentado recientemente.

Unión de Uniones, si bien es consciente de la necesidad de avanzar hacia una mejor gestión de la fertilización, también lo es de la frágil situación en la que se encuentran muchas explotaciones, con unos márgenes económicos mínimos o nulos.

En este sentido, considera que este nuevo real decreto supondrá un obstáculo más a su continuidad, debido a los costes añadidos que puede implicar para las explotaciones, a través de la adaptación de la maquinaria de aplicación de fertilizantes, así como costes de extensos análisis de suelos y estiércoles.

Además, supone un paso atrás en una promesa eterna e incumplida por parte de la Administración: flexibilización y simplificación burocrática. Con su entrada en vigor, los productores tendrán que cumplimentar una nueva sección del cuaderno de explotación relativa a la fertilización, donde deberán registrar datos de nivel de nutrientes y metales pesados del suelo, nivel de nutrientes en el agua de riego, operaciones de fertilización, fechas, dosis aplicadas, registro de operaciones de riego o contar con un asesor en materia de fertilización para la realización de planes de abonado.

ECOESQUEMAS DE FERTILIZACIÓN

Por otra parte, la organización critica que desde el Ministerio se plantee, dentro de la futura PAC, un ecoesquema relativo a planes individuales de fertilización como una mera transición hacia este real decreto de nutrición de suelos.

Si bien este ecoesquema puede ayudar a la transición para cumplir con lo planteado en la normativa a la que se alega, hay partes del mismo que podrían entrar en vigor antes o a la par que dicho ecoesquema.

Igualmente, se desconoce si la manera en que se diseñe garantizará unos resultados amplios y suficientes para que todo el territorio estatal y sectores afectados no sufran una transición brusca para cumplir con esta nueva normativa.

«Teniendo en cuenta la incertidumbre de cómo será este ecoesquema o a cuántos agricultores beneficiará, no se puede plantear como un elemento transitorio a un real decreto con unas exigencias tan elevadas», argumentan desde la organización, «Pedimos que esta normativa no se plantee hasta que el ecoesquema esté en funcionamiento y se pueda evaluar su utilidad».

Además de una oposición clara y pedir que se retrase su entrada en vigor, la organización ha presentado más de veinte alegaciones de cara a evitar el aumento excesivo del coste y burocracia, alegando la necesidad de disponer de mapas de nutrientes de suelos, la reducción de parámetros a analizar en suelo y sustitución del análisis de estiércol por estimaciones, abaratando el coste de los análisis, así como la posibilidad de establecer excepciones en determinadas aplicaciones de purines, entre otras.

«Últimamente parece como si poniéndole a cualquier norma el adjetivo de «sostenible» ya se justificara por sí misma», critican desde la organización, «pero siempre hay que medir las consecuencias que la sostenibilidad tiene para la economía de las explotaciones y buscar soluciones que hagan posible ambas», concluyen.