Aunque casi todo el mundo da por hecho con la caída en las previsiones de campaña de aceite de oliva no se van a dar la circunstancias para poner en marcha la norma de comercialización del aceite de oliva, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha advertido este miércoles 1 de que la propuesta de norma del Gobierno para activar la retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado «puede causar perjuicios a consumidores y operadores» y, también, «encarecer los precios».
Competencia ha transmitido esta información tras analizar el proyecto de orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que establece los criterios para la retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado si se produce un exceso de oferta en la campaña 2025/26, que ha comenzado hoy, 1 de octubre.
La posibilidad de activar por primera vez en España esta medida, que cuenta con el respaldo de las asociaciones y cooperativas agrarias y está amparada por la normativa europea y nacional, se produciría si en este inicio de campaña las existencias más la previsión de producción alcanza el 120% de la media de las seis últimas campañas.
Para la CNMC, las medidas que recoge este proyecto de orden «pueden ser perjudiciales para los consumidores, especialmente para los de rentas más bajas, y otros eslabones de operadores, como los distribuidores y exportadores, al encarecer los precios y reducir la variedad y calidad del producto».
PARA COMPETENCIA, «CUALQUIER INTERVENCIÓN PÚBLICA DEBE SER PROPORCIONAL, TRANSPARENTE Y CON EL MENOR IMPACTO POSIBLE SOBRE EL FUNCIONAMIENTO COMPETITIVO DEL MERCADO»
Este organismo ha formulado varias recomendaciones al respecto, como que se «valoren alternativas» antes de recurrir a la retirada obligatoria de aceite de oliva, entre las que apunta «el almacenamiento privado o los instrumentos de la normativa de la cadena alimentaria».
Invita al MAPA a que refuerce la justificación de la medida en su propuesta «identificando los objetivos y los efectos esperados para los agricultores, operadores y consumidores».
Competencia ha aprovechado para recordar que «cualquier intervención pública debe ser proporcional, transparente y con el menor impacto posible sobre el funcionamiento competitivo del mercado».
También ha propuesto que se mejore «la metodología de cálculo para determinar una situación de desequilibrio de mercado y el cálculo del porcentaje de retirada para cada almazara».
Además, ha recomendado que se concrete «los sujetos» que estarían obligados a cumplir la medida «considerando el impacto económico de la obligación de almacenamiento durante la campaña y que refuercen «los mecanismos de control y seguimiento de la medida».