Tras varios meses en el ojo del huracán, Comapa abre un nuevo frente judicial. El mayor distribuidor de ibéricos de España, bajo lupa por un presunto fraude al vender jamón podrido y en mal estado, deberá visitar de nuevo los tribunales. La compañía se ha visto obligada a pedir el preconcurso de acreedores acuciada por las deudas ante las entidades financieras y los distintos proveedores.
Según ha podido saber Carles Huguet en Economía Digital, la dirección de la compañía pidió el preconcurso el pasado 20 de mayo con tal de llegar a un acuerdo con sus acreedores y poner fin a los problemas de liquidez que la perseguían desde hace meses. Fuentes de la propia Comapa aspiran a que el movimiento “permita reordenar la situación financiera de la empresa para poder afrontar de forma más óptima los retos empresariales”.
La firma no desvela el montante de la deuda que arrastraba en el momento de presentarse ante el juzgado. Al cierre de 2017, el último disponible ante el Registro Mercantil, el pasivo con la banca alcanzaba los 94,7 millones de euros mientras que la mochila con los proveedores y las administraciones públicas era de 101,8 millones de euros. Un total de 196,5 millones de euros para una empresa que facturó 451 millones de euros y ganó 18,1 millones antes de destaparse el escándalo del jamón podrido.