El Gobierno de Castilla-La Mancha ampliará a través de un decreto la distancia mínima en la que no se podrá instalar granjas porcinas de los núcleos urbanos, hasta los 2 kilómetros tras las críticas recibidas por la proliferación de macrogranjas de cerdos.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, a preguntas de los periodistas, ha apuntado que la ganadería intensiva es «muy necesaria», ya que en Castilla-La Mancha hay «muchas empresas» invirtiendo no solamente en la granja en sí, sino también en la transformación del producto procedente del cerdo.

Arroyo ha señalado que la Consejería busca «una mejor solución» a la problemática que existe en algunos municipios respecto a la instalación de estas granjas porcinas por interferencias con otro tipo de actividades.

El consejero ha indicado que la distancia mínima de una granja porcina intensiva es un kilómetro y en Castilla-La Mancha van a ampliarla a dos kilómetros de los núcleos urbanos, para que haya una mayor garantía respecto a las necesidades y los intereses de los vecinos de determinadas poblaciones. Arroyo ha indicado que está previsto que el decreto esté listo antes de que acabe el año.

Movimiento ecologistas y vecinal, contra la proliferación de este tipo de macrogranjas

Desde hace varios meses, Ecologistas en Acción y vecinos de pueblos afectados han puesto en marcha la plataforma ‘Stop macrogranjas, pueblos vivos'» para coordinar las acciones contra la proliferación de granjas porcinas en la provincia de Cuenca, y de la que culpan a las subvenciones de la Consejería de Agricultura.

Vecinos de las localidades de Priego, Cañete, Torrejoncillo del Rey o Fuentes, respaldados por la organización ecologistas, han defendido que ante el «aluvión de solicitudes de macrogranjas y la constatación de que existe un amplio rechazo social» han decidido constituir la plataforma.

Este colectivo ha considerado que las consecuencias más nocivas de estas instalaciones «son la contaminación por nitratos de las aguas, los malos olores que generan los purines y el peligro de pérdida de empleo asociado al turismo cultural y de naturaleza y la hostelería».

La plataforma culpa de esta proliferación a la Consejería de Agricultura por las ayudas económicas que, por primera vez, presta a esta ganadería intensiva.

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