La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha clamado contra el sobrecoste económico que añade la medida del ‘tope al coste del gas’ a nuevos contratos energéticos tanto de usuarios domésticos y empresas como de comunidades de regantes y otras entidades del sector agrario, según establece el Real Decreto-ley 10/2022. 

La decisión del Gobierno de establecer un tope al coste del gas, con el objeto de rebajar la factura de la luz, implica que las centrales generadoras de electricidad que emplean esta fuente no pueden repercutir sus costes reales en la energía que ofertan al mercado, por lo que se les tienen que compensar por ese desfase, que es variable de forma horaria. La organización agraria señala que quién asume ese coste adicional son los contratos indexados, PVPC (precio voluntario de pequeño consumidor) desde el 15 de junio de 2022 y todos aquellos contratos con precios fijos que se hayan firmado por primera vez o se hayan renovado a partir del 26 de abril de 2022. Este sobrecoste se aplicará hasta el 31 de mayo de 2023.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, afirma que “nos pintan de rosa que el tope al gas ha beneficiado a los usuarios, ya sean empresas o domésticos, pero la realidad es que muchos consumidores se están viendo otra vez perjudicados con un nuevo sobrecoste, porque el Gobierno repercute al usuario final esta compensación. En el caso del sector agrario, que a diferencia de otros eslabones de la cadena alimentaria no tiene la capacidad real de repercutir esa subida de los costes energéticos a los precios que perciben, este sobrecoste por causas políticas significa un nuevo lastre para mantener una rentabilidad digna”.

No en vano, según datos del Ministerio de Agricultura, los costes de producción en el sector agropecuario han aumentado un 37% en el último año y la electricidad supone uno de los capítulos que acumula mayor inflación con un 196% de incremento interanual.

Por ello, AVA-ASAJA exige al Gobierno más medidas fiscales que resulten verdaderamente eficaces para aliviar la escalada de los costes de producción, tales como la aplicación de la doble tarifa eléctrica para el riego, bonificaciones en la factura del gasóleo del 35% y del 15% de los fertilizantes, tal como se recoge en la Ley de la Cadena Alimentaria, así como una reducción fiscal en los productos fitosanitarios.

AVA-ASAJA también solicita la aplicación del tipo superreducido del 4% del IVA a las compras realizadas por los productores de aquellos medios de producción necesarios para el desarrollo de su actividad, como inputs agrarios y materias primas.