El ruido de las bocinas de 600 tractores, según la Plataforma 27M, y de en torno a 100, según la Delegación del Gobierno, ha resonado ante la Consejería de Políticas Agrarias en Mérida, donde cientos de profesionales del campo se han congregado para pedir unos precios dignos que garanticen la rentabilidad de sus explotaciones.
«Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra» o «Vara, escucha, el pueblo está en la lucha», son algunos los cánticos que han coreado los asistentes a esta protesta, que ha obligado a cortar al tráfico parte de la rotonda situada enfrente de la Consejería. Cabe destacar que esta protesta es al margen que la que han convocado APAG Extremadura ASAJA, UPA-UCE Extremadura y APAG-ASAJA Cáceres para el 31 de enero o la de la Unión Extremadura para el miércoles 19.
La caravana de tractores, de ellos «400 procedentes de las Vegas Altas», ha llegado con retraso respecto a la hora prevista debido a la niebla» y a que se ha desplazado «por carriles adicionales» al «no tener permiso para circular por la autovía», según ha expresado a los medios el presidente de la Plataforma 27M, Herminio Íñiguez.
Exigen unos precios dignos para los productos agrarios extremeños y evitar que se sigan produciendo «más ventas a pérdidas»
Los organizadores, dicha plataforma en colaboración con la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga), han estado arropados por la Asociación Valle del Jerte y Comarcas Vecinas, la cual ha movilizado a doscientos agricultores desplazados a la capital extremeña en autobuses.
En la concentración se ha leído un manifiesto y además se ha entregado en la Consejería un escrito en el que exigen una reunión urgente el 27 de diciembre con la consejera del ramo, Begoña García Bernal, para establecer la propuesta que Extremadura llevará a la negociación de la Política Agraria Común (PAC).
En el orden del día de dicho encuentro de trabajo debe estar también el establecimiento de estrategias para la consecución de unos precios dignos para los productos agrarios extremeños y evitar que se sigan produciendo «más ventas a pérdidas».
Otras cuestiones que reclaman es el control de los insumos agrícolas, como las subidas del precio del gasóleo y de la energía eléctrica en el sector agrícola, así como la mejora de la comercialización de los productos agrícolas de la comunidad.
Herminio Íñiguez ha explicado que la plataforma, independiente de «siglas», lleva la fecha del día en que realizaron una primera tractorada para reivindicar los derechos de los profesionales del campo, pero como fueron «desoídos» este lunes han vuelto a salir a la calle.
«Lo único que pedimos es que nos protejan, que no nos regalen nada, pero que nos protejan y podamos vivir de nuestro trabajo», ha dicho el representante agrícola, quien ha advertido de la «caótica» situación del campo extremeño al estar en riesgo la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias.
Ha demandado a las administraciones que tomen medidas para que haya unos «precios justos» que cubran los costes de producción y «aranceles a productos que no compiten en igualdad en cuanto a la calidad, que vienen de terceros países».
También ha solicitado «una defensa dura y fuerte» en Europa ante la nueva reforma de la PAC para que «Extremadura no pierda ni un céntimo», al tiempo que ha recordado la importancia de la ganadería y la agricultura como motor económico de la región, así como ante el aumento de la población y la demanda de alimentos.
Como ejemplo, ha mencionado que el año pasado el coste en la fruta era de 33-35 céntimos por kilo y se «han llegado a liquidar en 15-20 céntimos» y que al cultivo del arroz hay que «arrimarle dinero».
La portavoz de la Asociación Valle del Jerte, Herialy Salcedo, ha hecho un llamamiento a los políticos para que, con independencia del partido que sean, legislen «leyes de excepcionalidad para que este mercado libre tenga un control y nosotros podamos seguir viviendo del sector primario, porque el hombre sin este sector no come».
Ha aseverado que en la comarca del Valle del Jerte se vive una «situación difícil» por el coste de la cereza, cuya producción supone entre 1,15-1,20 euros por kilo y en la última campaña se han recibido «en promedio 80 céntimos por kilo».
Según Salcedo, unos precios dignos deberían estar «en 1,50 euros como mínimo por kilo, considerando gastos de maquinaria, productos fitosanitarios, pagos de jornales y gastos familiares». Esta circunstancia está llevando al sector primario al «declive» y, por ende, a la despoblación de las zonas rurales y la emigración, ha lamentado.