Varios centenares de personas se han manifestado este domingo en el Paseo de la Vega de Toledo, convocados por la plataforma Stop Macrogranjas, para exigir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una moratoria a los proyectos nuevos o ampliaciones de ganadería industrial que, según han señalado, además de no contribuir a fijar población en los pueblos, causan graves perjuicios a los vecinos de los municipios donde se implantan.

La portavoz de la plataforma Stop Macrogranjas, Inma Lozano, en declaraciones a los periodistas durante la protesta en Toledo que se ha celebrado con el lema «Moratoria ya, ni una licencia más», ha pedido al Gobierno regional que se regule el sector teniendo en cuenta no solamente la distancia a la que se han de encontrar estas explotaciones de los núcleos urbanos sino también el número de cabezas de ganado.

«Queremos pueblos vivos», ha dicho Lozano, que ha añadido que desde los despachos no se llega a saber el perjuicio que causan estas macrogranjas y que quienes lo sufren son los vecinos.

Los manifestantes han reclamado que no se instalen «ni en tu pueblo ni en el mío» este tipo de industrias tan contaminantes y exigir que se apruebe una moratoria a estos proyectos de forma urgente. «Nos espera un futuro negro a los pueblos, donde ya no será posible beber agua del grifo porque estará contaminada por los purines de los cerdos», apunta Inma Lozano, portavoz de la coordinadora nacional y miembro de la plataforma de Pozuelo en Albacete (donde Cefusa-ElPozo pretende instalar 85.000 cerdos).

PIDEN QUE “SE CUANTIFIQUE EL CENSO GANADERO QUE ES VIABLE POR TERRITORIO TENIENDO EN CUENTA EL CONSUMO DE AGUA Y LA PRODUCCIÓN DE PURINES»

La plataforma ha destacado que los vecinos son testigos de los efectos que estas explotaciones ganaderas industriales causan en los municipios y comprueban cómo estos proyectos no son alternativas dinamizadoras de la economía de la zona ni han fijado población, al contrario, suponen una merma de calidad de vida, ya que generan problemas tan graves como malos olores y nitrificación del agua de abastecimiento público.

«Reclamamos también que la Junta cuantifique el censo ganadero que es viable por territorio teniendo en cuenta el consumo de agua y la producción de purines», ha señalado la plataforma.

Ha recordado en ese sentido que las diputaciones de Ciudad Real y Albacete han aprobado sendas mociones instando al Gobierno de Castilla-La Mancha a frenar estos proyectos, así como varios ayuntamientos como los de Albacete, Barchín del Hoyo o Cardenete.

«Son numerosos los consistorios que viendo la pasividad del Gobierno regional han decidido blindar sus municipios con normativa urbanística y de vertido de purines», ha dicho la plataforma.

También han apuntado que el Gobierno de Navarra ha aprobado una moratoria a la concesión de nuevas licencias de ganadería industrial vacuna con 120.882 cabezas, sin embargo, Castilla-La Mancha, «con un censo de 3.867.725 cabezas de porcino sigue apoyando con subvenciones al sector al considerarlo estratégico y en ningún caso valora globalmente el alto impacto de estas magnitudes en el consumo de agua, generación de purines y en el bienestar de sus ciudadanos».