La organización agraria ASAJA León no recurrirá el censo electoral de las elecciones agrarias convocadas por la Junta de Castilla y León para el 12 de febrero, a pesar de que presentó en su día un recurso de reposición al censo provisional de votantes, por considerar que no deberían de figurar 304 votantes de fuera de la comunidad autónoma que aprovechan en León pastos de verano en terrenos comunales.
La Junta los ha incluido en el censo por el simple hecho de ser cotizantes a las Seguridad Social y estar dados de alta en el REACYL (Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León), y a pesar de que muchos de ellos tan siquiera han hecho el desplazamiento para el aprovechado de pastos en los últimos años.
ASAJA considera que «estos ganaderos no deberían de estar, que a su vez ellos no tienen el más mínimo interés en estar, que con carácter general no van a participar en el proceso, y que ese hecho de no participar va a elevar la abstención en cinco puntos porcentuales, lo que resta legitimidad a las organizaciones agrarias de la provincia».
ASAJA no ha recibido resolución respecto al recurso presentado, pero dado que ya se ha publicado el censo definitivo y que no hay variación, «es evidente que la contestación, cuando llegue, que será tarde como todo lo que resuelve en estos tiempo las consejería de Agricultura, va a ser denegatoria». Por eso, la organización renuncia a presentar recurso contencioso administrativo «ya que de hacerlo tendría que pedir la paralización del proceso, hecho que a la Junta no le preocupa lo más mínimo y que, por el contrario, ocasionaría perjuicios a todas las organizaciones agrarias y a los propios agricultores y ganaderos». El censo electoral de las elecciones agrarias definitivo es de 6.167 votantes, de los cuales 5.736 son personas físicas y 432 personas jurídicas.
Por último, critican que «es paradójico que, mientras la consejería de Agricultura llama a votar a ganadero de otras comunidades autónomas en las que por cierto no hay procesos electorales similares, deje sin derecho al voto a no menos de 800 mujeres agricultoras de la provincia de León que cotizan a la Seguridad Social y trabajan en la explotación familiar, pero se las excluye por el simple hecho de que quien figura en el REACYL es el marido. ASAJA considera que se trata de una clara discriminación por razón de género, que por sí misma ya sería suficiente como para invalidar este proceso electoral».