Representantes de los gobiernos Castilla y León y Galicia se reunirán este mes en Bruselas con parlamentarios europeos y entidades interesadas para denunciar el «impacto» que está teniendo en la ganadería extensiva las «negativas» políticas del Gobierno sobre la caza del lobo.

Esta serie de encuentro en el Parlamento Europeo lo han anunciado este lunes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la consejera Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, en el marco de la reunión que han mantenido en León para abordar la situación de la especie en sus respectivos territorios y analizar las consecuencias derivadas de las políticas «erráticas» adoptadas por el Ejecutivo estatal desde 2021.

Por medio de medio de un comunicado, la Junta de Castilla y León recuerda que tras la aprobación en septiembre de 2021 de la orden ministerial por la que se incluía al lobo en el Listado de especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas (Lespre) ambos gobiernos autonómicos decidieron recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional.

Ambas comunidades denunciaron que la medida «había sido adoptada unilateralmente, con importantes defectos en la tramitación, sin evaluar la anterior estrategia, sin un censo de población de lobos, al margen de las principales comunidades autónomos con presencia de lobos del país y sin ningún fundamento científico».

Más de un año después de aquella primera decisión, los dos consejeros autonómicos han compartido  su preocupación por la situación generada tras conocerse que el Gobierno central «decidió dejar fuera del reparto de los 20 millones reservados este año para paliar los ataques del lobo en la ganadería extensiva aquellas autonomías que, como Castilla y León y Galicia, no suscribieron la nueva Estrategia Nacional para la conservación y gestión de la especie».

Así, denuncian que dicha negativa se llevó a cabo a pesar de ser un importe aprobado en Conferencia Sectorial, como también lo fueron los criterios de reparto y su distribución, que sólo precisa resolución del secretario de Estado para su entrega a ambas Comunidades Autónomas, «a las que se niega la misma».

AMBAS CCAA VEN QUE EL LOBO ESTÁ EN UN ESTADO DE CONSERVACIÓN FAVORABLE Y EN CLARA EXPANSIÓN

Y denuncian que la Estrategia fue aprobada en la Conferencia Sectorial del pasado mes de julio, a pesar del voto en contra de las principales comunidades loberas -Galicia, Castilla y León o Cantabria, que concentran entre las tres el 93% de los ejemplares de todo el país-.

Castilla y León y Galicia no votaron a favor de la Estrategia al rechazar que el lobo está en regresión en España, lo que a su juicio no es cierto, y por los defectos previos de falta de evaluación de la estrategia anterior y falta de un censo del lobo.

Los datos que manejan ambas autonomías son que el lobo está en un estado de conservación favorable y en clara expansión.

Por el contrario, estas comunidades sí votaron a favor de la propuesta de reparto territorial de los 20 millones de euros, de los que Galicia recibiría 4,3 y Castilla y León un total de 8,8 millones, es decir, entre las dos comunidades, 13,1 millones (el 65% del total).

Según la información facilitada por la Junta, un mes después, sin embargo, y en contra de lo acordado en el marco de la Conferencia Sectorial, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) comunicó su decisión unilateral de vincular el acceso a estos fondos a la suscripción previa de la referida Estrategia.

Los dos comunidades denuncian que esta decisión del Gobierno central sobre la transferencia de fondos para el lobo «obedece a motivos políticos» y carece de «fundamento jurídico» al tiempo que «discrimina y perjudica a los ganaderos» de Galicia, Castilla y León y otros territorios que no apoyaron la Estrategia, y advierten de que «los fondos no se hurtan a los gobiernos autonómicos sino a los ganaderos»,  con un grave impacto en la ganadería extensiva.

Por este motivo, la Junta de Castilla y León ha formalizado una reclamación previa a la vía judicial, instando al Gobierno de España para que transfiera las partidas presupuestarias aprobadas, sin perjuicio de la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo.

Por su parte, el Gobierno gallego decidió recurrir por la vía contencioso-administrativa la exclusión de su territorio del reparto de los presupuestos del Estado comprometidos con el lobo.