El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha negado en Ávila que las resoluciones del TSJCyL sobre «la caza en general» y sobre la «caza del lobo» en particular, constituyan un «varapalo judicial», mientras «no haya sentencias firmes».

Suárez-Quiñones, tras reunirse con el presidente de la Diputación abulense, Carlos García, se ha pronunciado de esta forma ante los periodistas, al ser preguntado por una nueva sentencia del TSJCyL que a principios de este año anulaba los planes de caza del lobo en la Comunidad.

En concreto, el nuevo fallo cuestiona la normativa dictada por la Junta sobre la gestión de la especie en este territorio, anulando en concreto su plan de caza comarcal en terrenos cinegéticos ubicados al norte del río Duero entre 2016 y 2019, por no ajustarse al ordenamiento jurídico.

Tras aclarar que las «numerosas resoluciones» del alto tribunal se basan en una sentencia dictada por el TSJCyL contra un decreto de 2018 que determina qué especies se pueden o no cazar, el consejero ha surbayado que se trata de «una sentencia que no es firme».

«Es una sentencia que tenemos recurrida ante el supremo y por tanto, cuando oigo hablar de los varapalos judiciales, no existe ningún varapalo judicial hasta que no haya sentencias firmes, porque todos los ciudadanos, también las administraciones, tienen derecho a una segunda instancia, a una revisión judicial de un primer pronunciamiento judicial», ha aclarado.

Al respecto, ha insistido en que la Junta tiene planteados ante el Supremo «diversos recursos de casación al respecto», de manera que, ha insistido, «hasta que no se pronuncien, el varapalo judicial no existe, porque no hay sentencia firme».

Finalmente, ha recordado que el Tribunal Supremo «podrá ratificar la sentencia del TSJ o revocarla y dar la razón a la Junta», que lo que hace es «defender los intereses generales de Castilla y León».