La Junta de Castilla y León pondrá en marcha a lo largo de 2017 un nuevo sistema de financiación para el sector agrario y agroalimentario que cuenta con una partida de 200 millones de euros por parte del Gobierno autonómico para modernizar y hacer más competitivas las explotaciones de la comunidad.

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, anunció en Segovia, momentos antes de participar en la jornada dedicada a la PAC dentro del VII Congreso ‘Empresa+Finanzas’ de Caja Rural, este instrumento financiero cuya primera convocatoria se abrirá a lo largo de este ejercicio con 100 millones de euros.

La Junta quiere una PAC que ayude a «lograr la consolidación de la renta agraria y garantizar la estabilidad y sostenibilidad»

En este programa de financiación intervienen la Consejería, que aporta garantías por hasta 20 millones de cada 100 invertidos, las entidades financieras y los agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria que quieran modernizar sus explotaciones con el fin de proporcionar al sector «liquidez directa», ha indicado.

Marcos ha asegurado que este tipo de actuaciones son «importantes» para fomentar el empleo y el desarrollo del campo, ya que en Castilla y León hay más de 100.000 puestos de trabajo vinculados al sector.

Además, ha recordado que la actividad agraria y ganadera aporta a la región «hasta un 10 por ciento del valor añadido bruto» y que «buena parte de esta economía está sustentada por fondos europeos».

En cuanto a las ayudas directas de la Política Agraria Común ha explicado que este miércoles 15 tendrá lugar una primera jornada para buscar un posicionamiento del sector sobre la nueva estrategia que debe seguirse.

En concreto las ayudas de la PAC suponen para la comunidad cerca de 10.000 millones para todo el periodo de programación, de los cuales 7.000 son para ayudas directas y 2.000 están vinculados al desarrollo rural, modernización, innovación y comercialización, según ha detallado Marcos.

Asimismo, ha subrayado que el objetivo de la Junta de Castilla y León es «lograr la consolidación de la renta agraria y garantizar la estabilidad y sostenibilidad de los agricultores».