Castilla-La Mancha va a contar con un banco público de tierras de cultivo “para que los jóvenes y quienes no tienen acceso a la tierra puedan incorporarse en mejores condiciones a la agricultura”.

Así lo ha indicado este jueves 25 el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en declaraciones a los medios de comunicación al término de la reunión mantenida del Consejo Agrario; un foro este de debate en el que están presentes las organizaciones agrarias, (Asaja, COAG y UPA), Cooperativas Agroalimentarias, los sindicatos UGT y CCOO y la confederación de empresarios CECAM.

Este banco de tierras será resultado de la extinción de las Cámaras Agrarias en Castilla-La Mancha, una vez que se apruebe, previsiblemente antes del verano en las Cortes regionales, el anteproyecto de Ley por el cual desaparecen estas entidades, ahora en desuso desde que se crearon las organizaciones profesionales agrarias.

A partir de su extinción, el patrimonio de estas Cámaras pasará a ser gestionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para fines agrarios, pudiéndose cediéndose el uso o las propiedades inmobiliario a las organizaciones agrarias y el dinerario se destinará para inversiones en infraestructuras rurales en las provincias donde se ha generado, como son caminos rurales.

Dentro del patrimonio inmobiliario se encuentra el patrimonio rústico, que será el “germen” de este futuro banco de tierras público, “muy demandado por las organizaciones agrarias que han dado su unanimidad a favor de este anteproyecto de un banco úblicod e tierras de cultivo”, ha explicado el consejero.

Además de este asunto del banco de tierras, en el encuentro se han abordado otros de relevancia como las ayudas extraordinarias para el sector del vino. En este sentido, Martínez Arroyo ha recordado que este asunto, apoyado por la región y trasladado en su día al propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y promovido también a instancias de España en el Consejo de Ministros de esta semana, será estudiado por la Comisión Europea y se abordará en el siguiente encuentro europeo del 26 de abril.