El Gobierno de España ha comunicado a Cantabria que este verano no podrá bajar agua del pantano del Ebro, un derecho que la comunidad autónoma tiene reconocido, y deberá captarla del embalse de Alsa, para lo que tendría que ejecutar y pagar unas obras que cuestan 300.000 euros.

La vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, ha dado a conocer este martes 27, en rueda de prensa, esta decisión, que, según ha explicado, el Gobierno de España justifica en el plan contra la sequía pero que, para el Ejecutivo cántabro, es «un nuevo atropello» a la comunidad autónoma.

Cantabria capta todos los veranos 5 hectómetros cúbicos del embalse del Ebro que siempre se utilizan para garantizar el abastecimiento de agua a Santander en época estival y este año ha solicitado 7, por si los 2 hectómetros adicionales fuera necesarios como reserva para la autovía del agua.

Critican que el Gobierno central está tratando de «abrir un nuevo frente» con Cantabria con este «nuevo atropello» a la región

Díaz Tezanos considera que la decisión del Gobierno central «no tiene ni pies ni cabeza» porque se le dice a Cantabria que no puede bajar ese volumen de agua del pantano Ebro y le deriva a Alsa, que a su vez tiene que captarlos del embalse del Ebro.

El Gobierno de Cantabria teme que detrás esté la intención de privar a la región de su derecho a bajar agua del pantano, en total 26 hectómetros cúbicos de un embalse con capacidad para 541.

El Ejecutivo regional ha solicitado ya por carta una reunión con el Ministerio de Medio Ambiente en la que reclamará que se mantenga la situación actual y pueda seguir, por tanto, captando el agua como se ha venido haciendo todos los veranos.

La vicepresidenta ha subrayado también que el abastecimiento está garantizado porque el Gobierno de España permite seguir bajando agua del embalse de forma provisional, mientras se pone en marcha la solución alternativa que propone y que Cantabria no acepta.

A su juicio, el Gobierno central está tratando de «abrir un nuevo frente» con Cantabria con este «nuevo atropello» a la región y en lugar de pagarle lo que le debe, por las obras de Valdecilla y el resto de compromisos de financiación que tiene pendiente cumplir, está «asfixiando» a la región.

Cree que la decisión del Ministerio es «muy grave» y tiene unas consecuencias «difíciles de aceptar», empezando por que no se considere a Cantabria usuaria del pantano con derecho a recibir su agua.

Con la propuesta del Ministerio, tendría que indemnizar a Electra de Viesgo por usar el agua para consumo

Para captar del embalse de Alsa, la comunidad tiene que hacerse cargo de unas obras cuantificadas en más de 300.000 euros, que no se sabe cuanto tiempo llevarían porque «no se hacen de la noche a la mañana», y que incluirán bombeos y una tubería de 800 metros.

Como este embalse se utiliza para producir electricidad, tendría que indemnizar a Electra de Viesgo por usar el agua para consumo, ha señalado Díaz Tezanos, quien ha añadido que el Gobierno tendría que seguir pagando además la amortización de las obras del bitrasvase, que ha cifrado en un millón de euros, al tiempo que asume el canon por captar de Alsa – otros 150.000 euros- y los posibles daños que se puedan ocasionar en el sistema abastecimiento.

La vicepresidenta ha insistido en que es «rotundamente falso» que la decisión del Gobierno de Rajoy tenga que ver con la sequía y puede ser un intento de privar a Cantabria de un derecho, con las consecuencias que eso tendría para el bitrasvase Ebro-Besaya, que costó 75 millones de euros, e incluso para la autovía del agua, en la que se han invertido más de 200.

Díaz Tezanos y el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, que la ha acompañado en esta comparecencia, han hecho hincapié en que el agua que se capta del Ebro ha tenido hasta ahora como único usuario al municipio de Santander a través del bitrasvase.

Para dar una idea de la importancia que tiene ese abastecimiento suplementario, la vicepresidenta ha recordado que el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad fue anulado precisamente a causa de la anulación, a su vez, del bitrasavase, porque el Tribunal Supremo consideró que no estaba garantizado el abastecimiento de agua a la ciudad en los meses de verano.

La vicepresidenta ha afirmado que es «cuestión de tiempo» que el bitrasvase sea legalizado tras puntualizar que fue anulado por un defecto de tramitación pero no se declaró nula la obra.

También ha recordado que el Gobierno de Cantabria paga dos millones y medio de euros para suministrar agua a Santander, de los que solo recupera 750.000 euros que ingresa el Ayuntamiento a través de los recibos del agua que pagan los ciudadanos.

Palacio ha explicado que la decisión del Gobierno de España fue comunicada la semana pasada, después de una primera carta a la que Cantabria respondió pidiendo que la reconsiderara.

La vicepresidenta ha avanzado además que el grupo socialista va a presentar una propuesta en el debate sobre el estado de la región para reclamar al Gobierno central el traspaso a Cantabria de las competencias sobre los recursos hídricos.