Más de 2.000 tractores se han concentrado este mediodía alrededor de diferentes instituciones del Gobierno del Estado en toda Cataluña en favor de la democracia y la libertad ante lo que consideran «una intervención de facto de la Generalitat y la vulneración de derechos civiles» y cuando sólo faltan dos días para que se celebre (o no) el referéndum catalán por la independencia
Unos 400 tractores venidos del Alt Penedès, el Anoia, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme, y el Baix Llobregat se han reunido ante la Delegación del Gobierno del Estado en Barcelona. Por otro lado, unos 150 tractores del Anoia norte, Osona y del Bages se han concentrado ante la Delegación de Hacienda en Manresa (Bages). En las comarcas de Girona, la concentración ha reunido 500 tractores ante la Subdelegación del Gobierno del Estado en Girona. 1.000 tractores del Campo de Tarragona se han concentrado a la Subdelegación de Tarragona, y a las Tierras del Ebro se ha reunido un centenar de tractores ante la Delegación de Hacienda en Tortosa (Baix Ebre).
Las organizaciones agrarias más representativas del campesinado (Unión de Labradores y JARC) empezaron las movilizaciones por la democracia y la libertad el pasado sábado concentrando un millar de tractores en Lleida (Segrià) y un centenar en Vic (Osona) ante «la actuación desproporcionada del Estado contra la convocatoria del referéndum catalán del 1 de octubre».
Al ‘Manifiesto por la Democracia’ impulsado por Unión de Labradores, JARC y la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña, se han adherido hasta ahora el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Siurana (DOP Siurana), la Asociación Catalana de Criadores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC Cataluña), la Federación de Asociaciones de cunicultors de Cataluña (FACC), la Asociación Catalana de Productores de Porcino (PORCAT) y la Asociación de Viticultors del Penedès.
Estas organizaciones y entidades agrarias alertan que la intervención de las finanzas de la Generalitat pone en riesgo las políticas agrarias y rurales del país, y denuncian la detención de cargos públicos y el ataque a las libertades de ideología, de expresión, de reunión, de información, de correspondencia y privacitad, aunque no hablan directamente de qué votar en el referéndum catalán.