Un total de 12.932 agricultores y ganaderos extremeños han iniciado esta noche del viernes 24 la carrera electoral para decidir la representatividad que dan a las cuatro organizaciones agrarias (OPAs) que concurren a las elecciones al campo del 12 de marzo, 15 años después de la última cita. Estos comicios en el campo extremeño definirán no sólo el futuro agrícola de la región, sino que marcan el inicio de un proceso democrático que se repetirá por toda las CCAA.

Desde el 24 de febrero, fecha de inicio de la campaña electoral, UPA-UCE, COAG Coordinadora Agraria, ASAJA y La Unión tienen por delante un período en el que tendrán que ganarse la confianza de los 12.932 electores inscritos en el censo definitivo, de los que 5.047 corresponden a la provincia de Cáceres y 7.885 a la de Badajoz.

Para ejercer su voto el 12 de marzo dispondrán de 311 mesas electorales, 147 en la provincia de Cáceres y 164 en la de Badajoz, según los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente Rural y Políticas Agrarias, que por el momento nos dispone del número de electores que han optado por votar por correo, cuyo plazo de solicitud terminó el pasado día 18.

Aunque muy deseada y ampliamente demandada en los últimos años, la celebración de esta cita electoral en el campo extremeño no ha estado exenta de polémicas desde el mismo momento de su convocatoria, con declaraciones cruzadas y recursos judiciales, que finalmente han sido desestimados por la justicia.

En concreto, ASAJA reurrió al Tribunal Superior de Justicia extremeño sobre su solicitud de suspensión cautelar de las elecciones por entender que se «incumple» la Ley Agraria y existe un «fraude» en el censo, que, entre otras cuestiones, no se ha publicado en la web de la Consejería.

Para La Unión de Extremadura, este tipo de decisiones responde al interés de la Consejería de Agricultura de «beneficiar» a organizaciones afines como UPA-UCE.

La Unión concurre a las elecciones con el lema «Para que no te callen», con el objetivo de reivindicar el «silencio» al que, a su juicio, el sector agrario regional ha estado sometido los últimos quince años por parte del resto de organizaciones del campo.

Precisamente, la situación vivida en los últimos meses por UPA-UCE, dos de cuyos principales dirigentes han permanecido en prisión más de cien días acusados de presunto fraude en el cobro de subvenciones de la Unión Europea, también pueden tener repercusión en el devenir de la campaña.

Sin embargo, para UPA-UCE, su principal aval ante los electores es que en todos estos años han estado al frente de la defensa de los agricultores, frente a otros que aparecen ahora y «matrimonios de conveniencia», en referencia a la unión entre APAG y ASAJA Cáceres.

La última en sumarse a estos comicios al campo extremeño, no por historia sino por haber perdido algio de papel en la vida diaria de la región, ha sido COAG Extremadura, que busca, con el respaldo de sus dirigentes nacionales, ganar el peso que la formación ya tiene en toda España.

En las elecciones de 2002, con un censo de unos 16.000 votantes, UPA-UCE sacó el 48 por ciento de los votos; Asaja Cáceres el 17 por ciento; APAG el 16 por ciento y un 15 por ciento fue para COAG.

Como resultado de estos votos, UPA-UCE cuenta con 4 de los 7 representantes en el Consejo Agrario Extremeño (CAEX) y ASAJA, APAG y COAG, uno cada uno.

Para la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias, Begoña García Bernal, es una satisfacción que 15 años después haya elecciones y «la democracia llegue al campo«, ya que los agricultores y ganaderos tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes.

García Bernal ha recalcado que con estos comicios la Junta de Extremadura «da cumplimiento a la Ley Agraria y al mandato de la Asamblea de Extremadura».

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