El campo cierra un año difícil por la pertinaz sequía -que mermó producciones, pero no impidió «cosechar» datos históricos en exportación- y recibirá 2018 pendiente del «pacto de Estado por el agua» y de las propuestas de reforma de la futura PAC, en la que España «se juega» 7.000 millones anuales en ayudas.

Así lo han apuntado en declaraciones a Efeagro representantes de las cooperativas y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, que también aluden a la preocupación por las consecuencias del Brexit y los acuerdos comerciales.

Cooperativas insiste en el problema del agua y pide que no se utilicea la agricultura como «moneda de cambio»

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, ha recordado que 2017 ha sido muy complicado para casi todos los sectores por las adversidades climáticas -heladas, granizadas y sequía-, lo que «nos hace mirar al cambio climático».

«Qué hacemos con el agua es otra de las asignaturas pendientes del campo», según Villafranca, porque deben mejorarse regadíos y redistribuir el agua, con una adecuada gestión hídrica nacional.

Para 2018, defiende que la futura PAC post 2020 garantice presupuestos suficientes -pese a la amenaza de recortes tras el Brexit- y que los acuerdos comerciales que negocia la Unión Europea (UE) no utilicen la agricultura «como moneda de cambio», además de abogar por avanzar en cuestiones como el relevo generacional o la integración de las cooperativas agrarias.

Para Asaja, la sequía ha marcado 2017 y miran al próximo año pidiendo infraestrcuturas en materia de agua

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha subrayado también la situación de sequía -que ha impactado con especial dureza en Castilla y León y cuencas del Júcar y Segura- y, por tanto, los «muchos problemas» para los cultivos de cereales y la disminución de las cosechas de vino y aceite de oliva, además de la «inclemencias» meteorológicas que han afectado al sector hortofrutícola.

La ganadería, aunque agobiada por la sequía, se ha beneficiado de la apertura de mercados exteriores -como el turco, el japonés o el chino-, lo que ha contribuido a que los precios se estabilicen.

Para 2018, Barato urge un pacto de Estado del agua que impulse las infraestructuras -«si queremos mantener la agricultura productiva»- y potenciar los seguros agrarios porque algunas comunidades autónomas «no ponen nada» para ayudar a la contratación.

COAG insiste en que la mejora de la renta agraria «no ha llegado a los agricultores» y mira con esperanza al Reglamento Omnibus

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha calificado de «preocupante» la situación de acuíferos y embalses por la escasez de lluvias, y ha recordado que si continúa la situación las consecuencias se vivirán también con dureza en el campo en 2018.

Sobre la renta agraria de 2017 –que crece el 4,93 %, hasta 28.462 millones de euros, según los datos oficiales-, Blanco considera que estos beneficios no han llegado a los agricultores y asegura que, de hecho entre 2013 y 2017, «la renta agraria ha descendido el 11,5 %».

Blanco cree que 2018 será «crucial» por la aplicación del «reglamento omnibus» desde enero y por la presentación en el primer semestre de las propuestas de reglamentos de la futura PAC post 2020; además de por el previsible cierre del acuerdo de la UE con Mercosur, que podría afectar a sectores como azúcar o vacuno.

UPA celebra que acabe «un año horroroso» y ya piensa en movilizaciones si no se toman medidas

Para el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, «termina un año horroroso; malo en todos los sentidos», con problemas de heladas, sequía e incendios que dejaron grandes daños económicos entre los agricultores y ganaderos, además de bajos precios en origen y el encarecimiento de costes de producción.

La sequía no sólo ha dejado fuertes pérdidas a los agricultores y ganaderos este año, sino que repercutirá en 2018 porque no se han podido hacer muchas siembras, ni trabajar las tierras, y la situación de casi todas las cuencas hidrográficas «es preocupante».

UPA, que estudiará movilizaciones para 2018, ha denunciado «la inacción del Gobierno, que parece que está en funciones todavía», y de las comunidades autónomas, porque las Administraciones no adoptan medidas, pese a que en los años 93, 94 y 95, cuando una fuerte sequía afectó al sur del país, hubo ayudas directas para el campo.