Las organizaciones agrarias COAG y UPA han valorado positivamente la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada este jueves por el Congreso que representará un cambio histórico en las relaciones comerciales del sector primario, mientras que la Federación de Industria de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ha matizado que el texto final era mejorable.

Agricultores e industria han reaccionado así a la reforma de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que entre otras novedades prohíbe la venta a pérdidas y que ha superado su último debate en la Cámara Baja.

COAG ha celebrado en un comunicado los avances de la nueva regulación y ha insistido en la necesidad de un mayor control para aplicarla por parte de todas las administraciones responsables, porque «la situación actual es insostenible y el sector no tiene un minuto más» que perder ante el aumento de costes y la falta de rentabilidad para muchas explotaciones.

RESTABLECERÁ «EL EQUILIBRIO PERDIDO POR UNAS RELACIONES DE FUERZA Y CAPACIDADES DE NEGOCIACIÓN TOTALMENTE ASIMÉTRICAS DURANTE DÉCADAS»

Según la organización agraria, se han dado pasos muy adecuados en la mejora de la posición en la cadena de agricultores y ganaderos ya que se consiguen avances, parciales o completos, en cinco de las seis principales reivindicaciones que ha defendido el sector primario.

Entre ellas, ha resaltado la prohibición de la venta a pérdidas, «un cambio histórico y sustancial al abrir nuevas vías de denuncia y control de esta práctica lesiva desleal» o la creación de un registro digital de contratos y la inclusión parcial del canal de hostelería y restauración.

Por su parte, UPA ha manifestado, en un comunicado, que la aprobación de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria es un logro histórico de los «agricultores y ganaderos españoles” y una norma «que deberá servir para cambiar la forma de operar en el sector».

A su juicio, la ley restablecerá «el equilibrio perdido por unas relaciones de fuerza y capacidades de negociación totalmente asimétricas durante décadas».

Para la organización, este cambio histórico «es un logro de los agricultores que, con su esfuerzo, sus demandas y sus reivindicaciones durante los últimos años logran así una protección sin precedentes que sitúa a España a la vanguardia del sector productor en Europa”, según UPA, quien ha añadido que llega en un momento crítico, con muchos productores en situación límite y movilizándose, por lo que la ley se pondrá a prueba

LA INDUSTRIA HUBIERA QUERIDO AMPLIAR A 60 DIAS EL PAGO DE LOS PRODUCTOS FRESCOS Y PERECEDEROS

Por su parte, la patronal de la industria alimentaria, FIAB, ha manifestado que había «margen de mejora» y que desde la Federación se había trasladado al Gobierno que la reforma de la Ley debería haber contemplado que los productos frescos y perecederos que se venden para transformación puedan aumentar los plazos de pago hasta los 60 días como el resto de los productos.

Según la industria, el artículo que más problemas de aplicación práctica va a dar y crea «más inseguridad jurídica» es el del coste efectivo del productor, «que será de difícil aplicación en general y especialmente el compromiso de que este coste lo tenga que justificar el comprador».

La industria ha concluido que esta propuesta de ley da un paso adelante en el buen camino, aunque habrá que analizar la aplicación práctica de la misma durante los próximos meses «para valorarla definitivamente».