José Antonio Turrado / Secretario General de ASAJA Castilla y León

El sector agrario se verá afectado de lleno por el contenido del real decreto que modificará el sistema cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que hoy recibe el respaldo del Congreso de los Diputados. Mientras hasta ahora la base de cotización era voluntaria entre un máximo y un mínimo, y casi todos nos apuntábamos al mínimo, a partir del 1 de enero del próximo año la base de cotización vendrá determinada por el volumen neto de ingresos que tengamos en la actividad agropecuaria y si fuera el caso también en otras actividades secundarias como trabajadores por cuenta propia. También es justo decir que en la nueva tabla de bases máximas y mínimas, estas últimas se reducen respecto a la situación anterior, por lo que en teoría puede haber agricultores y ganaderos con escasos ingresos netos que paguen cuotas inferiores a las que están soportando en la actualidad.

Lo primero que hay que señalar es que se ha pactado y publicado un sistema transitorio para tres años, que finaliza en el 2025, y que a partir de ese momento lo esperable es una subida importante respecto a lo que ahora se nos presenta. En este periodo transitorio de 2023 a 2025, habrá agricultores que paguen menos, otros que se queden parecido, y muchos que pagarán más, algunos mucho más. Por otra parte, no se sabrá cuánto tocará pagar hasta año vencido cuando se haga la declaración del IRPF, por lo que la mayoría de los agricultores verán cómo se le hace una corrección en su cotización reclamando cuotas adicionales de meses pasados. Este sistema de recaudación, un tanto complicado administrativamente, ocasionará errores que lleven a descubiertos en la cuenta con la Seguridad Social, que lleven a “no estar al día en el pago” y consecuentemente retrasará la percepción de subvenciones de la PAC y de otro tipo a las que se podría tener derecho.

No sería justo que, contando estos cambios, nos olvidáramos de reconocer que la nueva norma mantiene la ventaja de los agricultores del SETA de pagar por un tipo de cotización inferior, el del 18,75%, en bases que no superen los 1.140 euros mensuales. Solo para las bases de cotización superiores a la señalada, sobre la cuantía que exceda, se aplicará la vigente en cada momento.

La Seguridad Social tiene defensores y detractores, pero es cierto que ha proporcionado en nuestro país una protección económica muy digna a quienes han llegado a la edad de jubilación, incluidos nuestros padres agricultores y ganaderos que por cierto son los que han tenido o tienen las peores pensiones del sistema. El sector agrario tiene que aspirar a tener pensiones superiores a la media del país, pensiones acordes con el digno trabajo que desempeñamos, y quizás para ello, en algunos casos, habrá que pagar algo más. Cierto que para pagar más hay que poder, hay que tener margen en la venta de nuestros productos, pero también es cierto que cuando no llega para todo hay que marcar prioridades, y la cotización a la Seguridad Social debe de ser una de ellas.

En conclusión, la nueva norma no nos regala nada, nos hará pagar más en según qué casos, sigue teniendo en cuenta cierta especificidad del sector agrario, no soluciona el problema del intrusismo profesional, no mejora las pensiones a corto plazo, pero encauza las cosas para que el que puede pague más, de forma obligatoria, y se le abra una expectativa cierta de tener pensiones dignas el día de mañana.