La Comisión Europea (CE) ha interpuesto un recurso contra España por haber incumplido sus obligaciones en lo que respecta a hacer un uso correcto de los nitratos y los fertilizantes en algunas comunidades autónomas, ha informado este lunes 31 el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

En concreto, la CE demanda una condena en costas para España porque en Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana «sigue habiendo superficies que no se han designado como zona vulnerable a los nitratos».

Ello «a pesar de que los datos obtenidos a través de la red de control de la contaminación provocada por los nitratos de origen agrícola justifican su designación/inclusión», según relata el recurso de la CE que ha publicado el DOUE.

LA CE REPROCHA A ESPAÑA NO HABER ADOPTADO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REMEDIAR LA EUTROFIZACIÓN EN LA TOTALIDAD DEL PAÍS

La CE considera, además, que España no ha adoptado las medidas necesarias para hacer frente a la tendencia al alza en la contaminación de las zonas vulnerables a los nitratos de algunas comunidades autónomas, como en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia.

Por otro lado, la CE alega que los programas de acción de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid «no contienen medidas suficientes en relación a la aplicación de fertilizantes a tierras en terrenos inclinados y escarpados», como marca la directiva europea.

Asimismo, abunda que en Extremadura siguen faltando medidas sobre el almacenamiento temporal de estiércol sólido en el campo, sobre el registro de fertilización y en relación a la cantidad máxima de estiércol autorizada por hectárea que se aplicará a la tierra.

Y también se indica que el programa de acción de Madrid no contiene las medidas necesarias en relación con el almacenamiento temporal de abonos sólidos en las tierras.

Finalmente, la CE reprocha a España no haber adoptado las medidas necesarias para remediar la eutrofización en la totalidad del país, a pesar de que los datos disponibles ponen de manifiesto que las medidas previstas en los programas de acción no están siendo suficientes para reducir y prevenir la contaminación.

Por todo ello, la autoridad europea ha pedido una condena en costas para España.

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