Lo habían pedido las organizaciones agrarias y las asociaciones del sector, pero Bruselas ha dejado claro que no habrá ayudas al cerdo ibérico ni a la carne de porcino. Según han señalado este martes 12 a Efeagro fuentes comunitarias descartan que se pueda proceder a un almacenamiento privado en el caso del cerdo ibérico por la crisis del coronavirus, algo que no permite el marco legal actual del almacenamiento privado para «productos procesados como el jamón ibérico».
En cuanto a la actualización de los umbrales de referencia que permiten activar el almacenamiento privado, como piden los productores españoles, Bruselas considera que «aumentar los umbrales de referencia en tiempos de crisis crearía un incentivo artificial para producir con el objetivo de construir reservas públicas».
Así, añaden, «enviaría una señal contradictoria a los operadores del mercado en una situación en la que las necesidades del suministro necesitan ajustarse a la demanda».
Por otra parte, insisten en que la crisis del coronavirus ha tenido menor impacto sobre la carne de porcino que por ejemplo sobre la del vacuno, como demuestra el mantenimiento de los precios y de la demanda en la Unión Europea.
En el caso de la carne de porcino, «la ayuda al almacenamiento privado no tendría ningún efecto sobre el mercado»
«A nivel de la Unión Europea el sector porcino se ve menos impactado por la COVID-19 que otras carnes. La carne de porcino depende menos del sector de servicios en el ámbito alimentario y la demanda de los minoristas es buena», indicaron las fuentes.
Según el Ejecutivo comunitario, los precios de la carne de cerdo en la UE «se encuentran todavía a un nivel muy alto (…) debido a la oferta ajustada y a la muy buena demanda de los mercados exportadores (en particular China)».
Por ello, consideran que «la ayuda al almacenamiento privado no tendría ningún efecto sobre el mercado».
Bruselas ha optado en su lugar «por adoptar un conjunto de medidas para apoyar a la agricultura en estas circunstancias excepcionales».
La reforma de la PAC, indicaron, ha impulsado un sistema que pretende ser una «red de protección del mercado», y no un método al que recurrir «de manera rutinaria», como ocurría en el pasado.