La consellera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollà, ha presentado este martes 9 al conjunto del sector agrario las conclusiones de un estudio técnico del Instituto Valenciano de Investigación y Formación Agroambiental (IVIFA) que explora la posibilidad de introducir cláusulas de valor, que den un precio mínimo a los productos en caso de siniestro, para fomentar precios dignos.

Mollà, que estaba acompañada del secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Roger Llanes, y de los autores del informe técnico, ha subrayado la necesidad de impulsar vías y proponer alternativas «para garantizar un precio que haga rentable el trabajo agrícola y mejore la viabilidad de las explotaciones», según un comunicado de la Generalitat.

También ha destacado un caso de un agricultor que recurrió a un llamamiento en redes sociales para salvar su producción de cebollas: «El objetivo es evitar que los agricultores tengan que destruir sus cosechas porque no van a recibir el precio justo que les corresponde», ha señalado.

ESTE CAMINO «PUEDE SIGNIFICAR UN VERDADERO PUNTO DE INFLEXIÓN EN LAS PRÁCTICAS COMERCIALES», SOBRE TODO AHORA CON LA REFORMA DE LA LEY DE LA CADENA

El estudio plantea establecer herramientas de distribución de las ganancias o las pérdidas entre todos los agentes de la cadena, una fórmula correctora mediante cláusulas de valor en la concertación a través de interprofesionales «que es compatible con las leyes de competencia», según ha indicado.

«Es el momento de organizarse para conseguir interprofesionales reconocidas por el Gobierno central que permitan mejorar la capacidad negociadora a través de las cláusulas de valor», ha afirmado Mireia Mollà.

La consellera ha indicado que este camino «puede significar un verdadero punto de inflexión en las prácticas comerciales», sobre todo en un momento en que la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria abre la puerta a remodelar el contenido normativo de estas cláusulas correctoras.

El secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rura, Roger Llanes, ha explicado que estas condiciones se acompañarán de una mejora de las inspecciones para velar por la seguridad jurídica del productor en los contratos de compraventa, además de valorar la legalidad de la propuesta «para avanzar en la defensa de las personas agricultoras y de la dignidad de sus productos».