La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) centrará sus mayores esfuerzos el próximo año en que se cumpla la Ley de la cadena alimentaria para conseguir precios justos en el campo, cuya actividad agrícola y ganadera ha estado muy condicionada en 2020 por las medidas contra la pandemia de la covid-19. El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, en una entrevista con Efeagro, comienza su balance de 2020 con las protestas y tractoradas de los productores en enero y febrero; «2019 fue malísimo para la agricultura y la ganadería de este país, con malas cosechas por la sequía, bajos precios y muchos problemas acumulados que hicieron que la gente estallara».

Pero, aunque a los agricultores y ganaderos «no le salían las cuentas» -prosigue- «llegó la pandemia y nos quedamos en nuestras explotaciones para garantizar los alimentos y ayudar a la desinfección de los pueblos».

Lorenzo Ramos considera que el campo «ha dado la talla» este año, pero lamenta que continúe la «crisis de precios» pese a las primeras estimaciones oficiales de la renta agraria 2020, que la sitúan un 4,3 % por encima de la 2019.

LEY DE LA CADENA: «ES UN PASO MUY IMPORTANTE, PERO  NO SE ESTÁ CUMPLIENDO POR PARTE DE ALGUNOS”

«Será mejor que la de 2019, pero no se puede considerar un buen año si se compara con uno normal», sentencia antes de acordarse del «desastre de precios» en el sector de la uva de vinificación, la «injustificada situación en el de aceite» o el «palo tremendo» que ha sufrido el de flores y planta ornamental.

También menciona los afectados por los cierres obligados de la hostelería, como el del vino de calidad, los ibéricos, el queso, la carne de ovino o el cochinillo, así como el del tomate extremeño que, con una campaña con menos volumen, ha tenido precios iguales o peores que en otras muy abundantes.

Lorenzo Ramos aplaude que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) haya incluido este año en la Ley de la cadena alimentaria la prohibición de la venta a pérdidas o que el precio pactado entre productores y su primer comprador, como mínimo, tenga que cubrir los costes de producción.

«Es un paso muy importante, pero -añade- no se está cumpliendo por parte de algunos y no se han hecho todas las inspecciones necesarias debido a las restricciones por la pandemia».

Por eso, UPA, «que lleva muchos años peleando porque los precios estén por encima de los costes, va a hacer en 2021 que su principal bandera sea que la Ley de la cadena se cumpla».

LA PAC DEBE APOYAR LA AGRICULTURA FAMILIAR Y SECTORES QUE TIENEN DIFICULTAD PARA SER COMPETITIVOS

Respecto a la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2023, espera que «en los trabajos del Gobierno y las comunidades autónomas para la elaboración del Plan Estratégico español se parta de una foto de la situación actual».

A juicio de Lorenzo Ramos, «los fondos que se repartan han de ser para aquellos que están generando una actividad sostenible y que viven en los pueblos y luchan por tanto contra el despoblamiento, y no para algunos que cobran mucho sin una relación clara con el campo porque tienen derechos adquiridos desde hace 20 o 25 años».

También, deben apoyar la agricultura familiar y sectores que tienen dificultad para ser competitivos como, por ejemplo, el olivar tradicional de montaña, que no puede mecanizarse y competir con el de regadío, pero que es «fuente de los mejores aceites».

Tras el pacto pos-brexit de última hora, Ramos recuerda que en el escenario sin acuerdo «los primeros perjudicados habrían sido los británicos».

El secretario general confía, además, en que el cambio en la presidencia de Estados Unidos «coja otro rumbo y frene las guerras comerciales» que se han sucedido durante el mandato de Donald Trump.

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