La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha  reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un paquete de medidas extraordinarias para evitar un colapso del mercado vitivinícola en la nueva campaña. Los cupos abiertos para la concesión de ayudas en el sector del vino para paliar los efectos del COVID19, (destilación de crisis, almacenamiento privado y vendimia en verde), se han cubierto en su totalidad y se han tenido que aplicar un coeficiente de reducción, ya que las solicitudes superan con creces los límites establecidos.  “Desgraciadamente, se han confirmado las previsiones y el presupuesto previsto no ha cubierto las expectativas ni de lejos. Resultas evidente que si no se refuerzan las medidas adoptadas no tendrán apenas efecto en el mercado”, ha lamentado Joaquín Vizcaíno, responsable del sector vitivinícola de COAG.

Los rebrotes y el impacto en el turismo y el canal HORECA no ayudan a la reactivación del consumo en el mercado interno. A todo ello se unen los preocupantes datos del mercado exterior: el volumen de vino exportado en mayo ha sufrido un retroceso del 22,4% respecto a la campaña pasada y la facturación cayó un 24,2%.

Aunque con las medidas adoptadas se podrán retirar 4,5 millones de hectólitros del mercado (de los cuales 2 millones serán de forma temporal), en el inicio de la nueva campaña (1 de agosto 2020) nos encontraremos con un nivel de existencias en bodegas y cooperativas que tensionará el mercado. “Se debe mandar un claro mensaje al sector de que estamos haciendo los deberes en tiempo y forma para evitar el colapso y unos serios desequilibrios entre oferta y demanda y salvaguardar así la renta los viticultores, los más afectados y vulnerables en una crisis de mercado”, ha subrayado Vizcaíno.

En ese sentido, desde COAG se ha trasladado al MAPA que es “absolutamente necesario” prever una serie de medidas que nos permitan anticiparnos a una situación de crisis grave:

• Hay que seguir insistiendo en la UE de la necesidad de fondos comunitarios adicionales para la ampliación de medidas de regulación del mercado, sin que se tenga que recurrir a detraer fondos destinados al sector vitivinícola que ya le corresponden.
• Mientras tanto, la Administración estatal como las CC.AA, deben aportar fondos adicionales como se está haciendo en otros sectores agrarios afectados por los efectos del COVID-19. Otros EE.MM como Francia e Italia lo están haciendo, por lo que se debe evitar agravios comparativos que ocasionen distorsiones en el mercado comunitario y perjuicios para los productos vitivinícolas españoles.
• Las medidas extraordinarias aprobadas en el Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, como la destilación y el almacenamiento privado deben estar en disposición de poder ampliarse en cuanto se dispongan de las cifras de existencias y una previsión consolidada de producción de la campaña 2020/21.
• Hay que establecer un plan de control efectivo, además de documental, del cumplimento de la nueva norma de comercialización de limitación de rendimientos para uvas con destino a la elaboración de vino y analizar su impacto en la próxima campaña para evitar un colapso del sector.