La asociación Asturias Ganadera se ha sumado al resto de la cornisa cantábrica para mostrar su rechazo a la nueva norma de purines que entrará en vigor el día 1 de enero y que el Gobierno parece que quiera cambiar ni aplazar. Por eso ha reclamado este viernes al Principado a que inste al Gobierno central a que modifique el proyecto del Real Decreto sobre la aplicación de purines, ya que, tal y como está redactado, «puede hacer inviables» las pequeñas explotaciones de la región.

En un comunicado, esta asociación ganadera señala que esta nueva normativa implicarán medidas de «imposible cumplimiento» como la obligación de inyectar el purín en la tierra, que exige utilizar maquinaria pesada que ni siquiera podría manejarse en la mayoría de la superficie agrícola de Asturias.

En este sentido, recuerda que más del 90% de la tierra agraria útil tiene más de un 10% de inclinación, y el 60% del territorio tiene más de un 30%, además de otras medidas «tan desproporcionadas como el imposible alejamiento kilométrico de los apilamientos de cuchu a las casas más cercanas, o los plazos reducidísimos en que podría permanecer apilado el estiércol», puntualiza.

“LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE NUESTRAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS, GENERALMENTE PEQUEÑAS Y DISPERSAS, HACEN ABSURDO ESTE PLANTEAMIENTO”

«Imposible también asegurar la alternativa de enterrar en menos de cuatro días el abono. ¡Cuántas veces queda impracticable para el arado el terreno durante meses!», subraya.

Indica que «precisamente el pequeño tamaño de la mayoría» de las explotaciones y su dispersión en el territorio es «una garantía para que, con una serie de medidas muy sencillas y fáciles de aplicar, las caserías puedan ser un modelo de gestión de residuos verdaderamente sostenible».

«Sabemos que algunos grupos de la oposición están trabajando para instar al Gobierno a modificar esa norma, innecesaria e improcedente de aplicar a la realidad cantábrica, pero queremos que el Principado nos dé pruebas de que está presionando a las autoridades centrales para salvar a nuestro maltratado sector agropecuario, aprovechando que en este proyecto se señala en su artículo tercero la potestad de las comunidades autónomas para establecer excepciones al mismo», recalca.

A su juicio, «las condiciones específicas de nuestras explotaciones agropecuarias, generalmente pequeñas y dispersas, e intrincadas en una red de núcleos rurales muy próximos entre sí; las abundantes precipitaciones, el difícil relieve y los malos accesos a las pequeñas fincas hacen verdaderamente absurdo un planteamiento a todas luces diseñado por personas que desconocen absolutamente la naturaleza del campo asturiano».

«Si queremos salvarlas de otro ataque frontal que podría resultar devastador, es imprescindible que se modifique el Decreto de purines», asevera, informa Efe.