La Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua, ASAGUA, ha celebrado su Asamblea Anual solicitando al próximo gobierno la implantación de la revisión de precios sin límites. ASAGUA pide volver a la aplicación universal de la revisión de precios, realizando las modificaciones necesarias en la Ley de Desindexación y su Reglamento.
La subida extraordinaria de los materiales y la energía y los problemas originados por el desabastecimiento han causado gran quebranto económico a las empresas, que vieron desaparecer la limitada revisión de precios a contratos -solo- de obras aprobada hasta marzo de 2023. A partir de entonces, dicha revisión sólo opera en los contratos que la incluyan en sus pliegos, lo que actualiza el riesgo de que se sigan produciendo licitaciones desiertas y amenaza la ejecución de los fondos de Next Generation.
Las empresas de ASAGUA, dedicadas a la construcción de infraestructuras del agua y a su operación y mantenimiento, advierten del deterioro actual de las infraestructuras debido al déficit de inversión acumulado en los últimos quince años, que alcanza los 50.000 millones de euros en lo que respecta al ciclo urbano del agua; una situación que pone en grave riesgo la correcta prestación de estos servicios (abastecimiento, saneamiento y depuración). Solo el mantenimiento de las infraestructuras del ciclo urbano del agua requiere de unos 3.500 millones al año. Mientras, seguimos pagando multas por no tener depuradas todas las aguas.
NO A LA INVERSIÓN EN DIENTES DE SIERRA
La imposibilidad de una inversión sostenida y sostenible en el tiempo ha acrecentado las bajas en las licitaciones, obstaculizando el cumplimiento del contrato y la calidad del servicio. ASAGUA aboga por pliegos que velen por lograr la oferta con mejor relación calidad-precio, donde el criterio económico no prime sobre el técnico.
ASAGUA hace un llamamiento a los gestores políticos en pro de una buena planificación hidrológica en la que los aspectos técnicos y las necesidades sociales estén sobre los intereses partidistas para lograr el bien común. Considera indispensable retomar las negociaciones para alcanzar un pacto nacional por el agua, materializado en un nuevo Plan Hidrológico Nacional que acabe con las recurrentes guerras del agua y garantice planes hidrológicos de cuenca sensatos y, por tanto, que se puedan cumplir, para lo cual es necesario cambiar las estructuras administrativas y agilizar los trámites inherentes al proceso de licitación.
La Asociación defiende la creación del regulador único como medio para garantizar la debida solidaridad entre las regiones de España y establecer el precio del agua, para que deje ser un precio político y recoja lo que dispone la Directiva Marco del Agua.
Ante la carestía inversora, reclama desarrollar la colaboración público-privada aprobando el marco legal que la regule. La insuficiente inversión pública conlleva la desaparición de empresas y, con ello, la pérdida de empleos cualificados, restando capacidad a un sector que ahora es puntero a nivel internacional. De la importancia en términos económicos y sociales del ciclo urbano del agua responden los 27.000 empleos directos que emplea, los 35.000 indirectos que genera y los 7.500 millones de euros que factura anualmente.