Durante la celebración de su asamblea anual, la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (ASAGUA) ha reivindicado planes hidrológicos sensatos, objetivos y vinculantes y con inversiones adecuadas para cumplirlos. Los actuales programas de medidas de los Planes Hidrológicos contemplan 10.000 actuaciones que suponen una inversión de 20.000 millones. “Son tantas las medidas en materia de agua y precisan tanto dinero y medios humanos que son imposibles de cumplir”, señala la Asociación.

Para ASAGUA, el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización –plan DSEAR- lanzado por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), contempla unas inversiones tan ambiciosas como difíciles de creer, teniendo en cuenta los niveles de inversión de las administraciones públicas españolas. Por ello, demanda al MITECO inversiones adecuadas y que las actuaciones programadas para cumplir los objetivos previstos en la planificación hidrológica estén acompañadas por inversiones vinculantes y no dependan del partido político gobernante.

ASAGUA cree necesario que el MITECO retome el Pacto Nacional por el Agua y trabaje en la creación de un regulador único que garantice una gestión eficiente de los servicios públicos en todo el territorio. Considera que para acabar con las guerras del agua hay que alcanzar un pacto nacional asentado sobre bases técnicas, no políticas, presidido por la solidaridad entre comunidades y con un precio único o similar del agua en toda España, acompañado por normas que primen el uso eficiente y prevengan la contaminación.

Otro de los temas tratados fueron los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rigen las licitaciones, que no terminan de conseguir que las bajas se ajusten a la realidad de la actuación y sigan siendo elevadas, cuestión fácil de entender a la vista de la poca licitación pero difícil de aceptar porque se trata de conseguir la mejor relación calidad-precio.

“Es la consecuencia de utilizar pliegos que definen una temeridad demasiado amplia, no establecen umbrales para descartar las ofertas que no alcancen un nivel técnico razonable e imponen fórmulas inadecuadas para establecer el valor de las ofertas económicas”, afirma ASAGUA.

Desde hace años, España tiene abiertos varios procedimientos de infracción, uno de ellos ya con sanción -11 millones de euros al semestre- por incumplir la Directiva Marco del Agua – exige que el precio del agua incluya todos los costes, incluidos los de primera instalación – en materia de depuración. Esta situación va acompañada del riesgo cierto de perder fondos europeos.

Para corregir los incumplimientos en esta materia “son imprescindibles infraestructuras de nueva construcción y la puesta a punto de las que ya existen renovando esfuerzos en labores de mantenimiento” finaliza la asociación.

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