En el último año se ha observado una reactivación de la inversión en la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), evidenciada en la publicación de varias licitaciones y la aprobación por el Consejo de Ministros del aumento del techo de gasto para atender nuevas inversiones. Sin embargo, la declaración de pandemia a causa de la Covid-19 y del estado de alarma ha supuesto un retraso de las licitaciones programadas y, en consecuencia, en las expectativas del sector en cuanto a inversiones para favorecer la transición ecológica.
En la reciente Asamblea Anual de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua, ASAGUA, se ha evidenciado que la transición ecológica no será posible sin la conservación y utilización eficiente de los recursos hídricos y para lograrlo son necesarias nuevas infraestructuras y la conservación del stock de capital hidráulico. Así lo demuestra la sanción de la Unión Europea a España por los incumplimientos en materia de depuración. Nuestro país debe invertir en agua.
Por ello, ASAGUA anima a seguir trabajando en el Libro Verde de la Gobernanza del Agua y en el Plan DSEAR (Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización), que se puede considerar como una parte de los Planes Hidrológicos de Cuenca, ya que su grado de cumplimiento a la mitad de su vigencia estaba en torno al 20%-25%. Para cumplir sus objetivos, el plan prevé una fuerte inversión hasta 2033, una utopía cuando, por ahora, las inversiones de las administraciones públicas no acaban de despegar.
ASAGUA reivindica una inversión sostenida y sostenible en el tiempo, vinculante y caracterizada por su necesidad real e independiente de intereses partidistas, así como una adaptación real y responsable de los pliegos de las licitaciones para conseguir que la oferta que resulte adjudicataria lo sea por su calidad técnica y no por su bajo valor económico.
Durante la Asamblea de ASAGUA, las empresas de tecnologías del agua también han puesto el foco en el desarrollo de la colaboración público-privada como complemento y refuerzo de la inversión pública; sin olvidar el pacto nacional por el agua y la consiguiente implantación de un regulador único que garantice la debida solidaridad a nivel nacional.